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España va a las urnas: elecciones anticipadas en un país polarizado

Asbel Bohigues

En los sistemas parlamentarios, a diferencia de los presidenciales, el jefe de Gobierno dispone de la facultad de adelantar las elecciones. Los mandatos parlamentarios no son necesariamente fijos, como ocurre en los sistemas presidenciales, y esta posibilidad constituye un activo político de gran valor: permite al Gobierno convocar los comicios cuando considera que las condiciones pueden ser más favorables para sus intereses.

Pedro Sánchez hizo uso de esta facultad el pasado 5 de octubre. Tras una legislatura marcada por accidentes ferroviarios, acusaciones de corrupción de distinta naturaleza, retrocesos electorales en el ámbito autonómico, la crisis de Ceuta y la incapacidad de aprobar nuevos presupuestos, el presidente del Gobierno decidió adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, casi diez meses antes de lo previsto.

La decisión se produjo en una coyuntura aparentemente paradójica. El Gobierno se encontraba sometido a una intensa presión política, pero la cuestión de la vivienda había irrumpido con fuerza en la agenda pública y ofrecía al PSOE un terreno de competición potencialmente más favorable. Las protestas se intensificaron después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años y con discapacidad, cuya vivienda había sido adquirida por un fondo de inversión. El caso se convirtió en un poderoso símbolo de la crisis de vivienda y desencadenó movilizaciones y acampadas en distintas ciudades españolas.

El Gobierno respondió aprobando el 29 de septiembre dos decretos-ley de emergencia en materia de vivienda. Sin embargo, ambos fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre. La derrota volvió a poner de manifiesto la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, pero también ofreció a Sánchez la posibilidad de presentar las elecciones como una disputa sobre el acceso a una vivienda asequible y sobre las medidas sociales que la oposición había impedido aprobar.

El adelanto electoral puede interpretarse, por tanto, como un intento de recuperar la iniciativa política y de desplazar el centro de la campaña hacia una cuestión con mayor capacidad de movilización entre los votantes progresistas: el acceso a la vivienda.

Cómo funcionan las elecciones generales españolas

Las elecciones generales españolas sirven para elegir las dos cámaras de las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque el Senado desempeña funciones relevantes, la formación del Gobierno depende fundamentalmente del Congreso. Es esta cámara la que otorga o deniega la confianza al candidato a la Presidencia del Gobierno en la sesión de investidura.

Los 350 escaños del Congreso se eligen en 52 circunscripciones electorales: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las provincias reciben un mínimo de dos escaños, mientras que Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. Los restantes escaños se distribuyen en función de la población. En las circunscripciones provinciales se aplica la fórmula D’Hondt, dentro de un sistema de listas cerradas y bloqueadas.

Sobre el papel, se trata de un sistema proporcional. Sin embargo, su grado de proporcionalidad varía mucho entre provincias. El principal factor es el tamaño de los distritos: cuanto menor es el número de escaños que se reparten, más difícil resulta para las fuerzas pequeñas obtener representación. Así, 33 provincias elegirán menos de 7 diputados, mientras que otras 17 provincias elegirán 7 o más (Figura 1). En las primeras, las más pequeñas, el sistema produce efectos poco proporcionales y un sesgo mayoritario que suele favorecer a los partidos más grandes, especialmente al PP y al PSOE. En las circunscripciones de mayor tamaño, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Alicante, el reparto es sensiblemente más proporcional. 

Figura 1. Escaños del Congreso de los Diputados por circunscripción en las elecciones generales de 2026

En gris, las circunscripciones que eligen ocho o más diputados. Fuente: Elaboración propia con asistencia de ChatGPT (OpenAI, modelo GPT-6) a partir del anexo del Real Decreto 806/2026.

Durante la última década, España ha dejado atrás el bipartidismo imperfecto que caracterizó buena parte de su etapa democrática y ha normalizado la necesidad de alcanzar acuerdos entre varios partidos para formar Gobierno y aprobar leyes en el nivel nacional.

Nadie espera, en principio, que el próximo Ejecutivo pueda gobernar en solitario. La cuestión central no será únicamente qué partido obtendrá más votos o escaños, sino qué combinaciones parlamentarias serán posibles después de las elecciones. El sistema electoral transforma así la campaña en una competición doble: por la primera posición entre el PSOE y el PP, pero también por la capacidad de cada bloque para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

El contexto internacional de la campaña

La campaña electoral española se desarrolla en un contexto internacional que Pedro Sánchez ha incorporado deliberadamente a su discurso. El presidente ha presentado las elecciones del 29 de noviembre como parte de una disputa política más amplia, vinculándolas con la reciente victoria de Lula da Silva en Brasil y con las midterms en Estados Unidos. El mensaje es que no está en juego una mera alternancia entre partidos, sino la dirección política de España en un momento de avance de las derechas radicales y de fuerte polarización.

La visita de Lula a Madrid refuerza esta lectura. El presidente brasileño se reunirá con Sánchez en el Palacio de la Moncloa el 16 de noviembre, en plena campaña electoral, y está previsto que le muestre públicamente su apoyo. Sánchez ha utilizado la remontada electoral de Lula frente a Flávio Bolsonaro y la movilización demócrata en Estados Unidos como ejemplos de que una ventaja inicial de la derecha no conduce necesariamente a una victoria electoral. La comparación tiene, sin embargo, límites evidentes: Brasil elige directamente a su presidente mediante un sistema presidencialista con segunda vuelta, mientras que en España se elige un Parlamento y la formación del Gobierno depende de la obtención de una mayoría parlamentaria.

Desde la izquierda, para el Frente Amplio y su candidata, Ada Colau, estas elecciones representan una prueba decisiva para su continuidad como espacio electoral viable. Una mala actuación podría reducirlo a una posición similar a la que ocupó Izquierda Unida durante sus peores etapas: una fuerza de dimensión limitada, penalizada por un sistema electoral con sesgos mayoritarios, y sin capacidad suficiente para superar o disputar al PSOE la hegemonía de la izquierda.

El PP y Vox se juegan, por su parte, la relación de fuerzas dentro del espacio conservador. No compiten únicamente por ampliar el número de escaños del bloque de derechas, sino también por determinar quién ocupará la posición dominante dentro de él y quién estará en mejores condiciones de imponer sus prioridades al futuro Gobierno. 

Esta competencia convive con acuerdos de coordinación electoral. En el Senado, el PSOE y el Frente Amplio han concurrido con candidaturas conjuntas bajo la marca Senado de Progreso, mientras que el PP y Vox han pactado no competir entre sí en determinadas circunscripciones. Estos acuerdos muestran que la competición partidista no impide la cooperación cuando está en juego la mayoría de un bloque.

La consecuencia es la consolidación de una lógica de dos bloques. La política española continúa siendo formalmente multipartidista, pero la polarización ha favorecido la estructuración de la competición en torno a dos campos definidos: uno progresista, articulado alrededor del PSOE y el Frente Amplio (antes Unidas Podemos y Sumar), y otro conservador, organizado en torno al PP y Vox.

Como estamos observando también en otros países, la campaña parece centrarse menos en las políticas públicas concretas y más en los atributos personales, las credenciales y los defectos de los candidatos. Pedro Sánchez lo ha expresado con claridad al afirmar que “un Gobierno del PP con Vox no es alternancia, es retroceder 50 años”. En esta formulación, una victoria de la oposición no aparece como un cambio ordinario de Gobierno y de políticas públicas, sino como un viaje atrás en el tiempo, una involución en derechos y libertades.

Este marco discursivo es un reflejo claro de la polarización afectiva: la distancia entre los bloques no se explica únicamente por diferencias programáticas o ideológicas, sino también por la creciente hostilidad hacia el adversario y por la percepción de que su victoria constituiría una amenaza para la propia identidad política y para el país. 

Qué nos dicen las encuestas

Las encuestas dibujan, en términos generales, un escenario favorable para el bloque formado por el PP y Vox. La tendencia apunta a un PP debilitado respecto a su resultado de 2023, pero todavía como primera fuerza, y a un Vox claramente fortalecido. El PSOE aparece como una fuerza relativamente resiliente, mientras que el Frente Amplio sufriría un retroceso más pronunciado. Como suele ocurrir en las coaliciones electorales, el coste de la pérdida de apoyo recae con mayor intensidad sobre el socio menor; en este caso, las proyecciones apuntan a que el Frente Amplio pagaría el precio más elevado.

Según el promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE a 13 de noviembre, el PP obtendría alrededor de 130 escaños, siete menos que en 2023, mientras que el PSOE se situaría en torno a los 110. Vox, por su parte, podría alcanzar aproximadamente 66 diputados, más del doble de los que obtuvo en las elecciones anteriores. Se trata, naturalmente, de estimaciones y no de resultados electorales, pero permiten identificar la estructura de la competición y las expectativas con las que los partidos afrontan la campaña.

El PP observa las encuestas con una mezcla de confianza y cautela. Como en 2023, la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno es plausible. Sin embargo, todo apunta a que necesitaría hacerlo con un Vox mucho más fuerte. La cuestión no sería únicamente alcanzar la mayoría, sino determinar qué partido tendría la capacidad de fijar las condiciones del futuro Gobierno.

A esto hay que añadir la presencia de los partidos de ámbito no estatal (PANE), una característica estructural del sistema de partidos español. Se trata de formaciones cuyo ámbito principal de representación no coincide con el conjunto del Estado, sino con una parte del territorio. En esta categoría se incluyen partidos catalanes, vascos, gallegos, valencianos, navarros, canarios y andaluces, entre otros. Aunque su peso electoral sea limitado en el conjunto de España, resultan decisivos para la formación de mayorías y para la orientación de la gobernabilidad.

Estos partidos no son actores ajenos a la política estatal. Al contrario, su posición puede determinar quién gobierna en Madrid y bajo qué condiciones. En un Congreso fragmentado, unos pocos diputados pueden ser suficientes para inclinar una investidura, aprobar los presupuestos o sostener una mayoría parlamentaria. La competición no se reduce, por tanto, a la relación entre el PSOE, el PP, Vox y el Frente Amplio: también depende de cómo se distribuyan los escaños entre las formaciones territoriales y de los acuerdos que estas estén dispuestas a alcanzar después de las elecciones.

Las encuestas son, en cualquier caso, únicamente encuestas. Ahora bien, no solo intentan medir las preferencias del electorado, sino que también pueden influir sobre ellas. Una ventaja amplia puede desmovilizar a los votantes de una fuerza que se siente derrotada o, por el contrario, generar un efecto de reacción y movilización. El PSOE y el Frente Amplio confían en que la perspectiva de un Gobierno del PP apoyado por Vox active a sus electores, del mismo modo que Lula y André Janones trataron de movilizar al electorado progresista en Brasil, o que los demócratas estadounidenses recurrieron al riesgo de un Trump reforzado con una victoria republicana en las midterms.

Quedan dos semanas de campaña. En ese tiempo pueden cambiar las posiciones de los partidos, modificarse las expectativas y producirse acontecimientos capaces de alterar la agenda. La ventaja que muestran hoy las encuestas es importante, pero todavía no equivale a una mayoría parlamentaria segura ni, mucho menos, a un Gobierno ya decidido.

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Asbel Bohigues
es profesor titular de Ciencia Política en la Universitat de València y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Es también co-editor de la Revista Latinoamericana de Opinión Pública. Sus líneas de investigación se centran en la política comparada, la opinión pública y la democracia, con una especialización regional en América Latina.