Milagros Campos e Alejandro Boyco

El 12 de abril de 2026, treinta y cinco candidatos disputaron la presidencia del Perú bajo la conducción de su octavo mandatario en los últimos diez años. Esas cifras, sin equiparación en América Latina, resumen el contexto de turbulencia en el que se llevaron a cabo las elecciones generales en el país, que combinaron fragmentación extrema, nuevas reglas electorales y el retorno a un sistema bicameral. Aunque el escrutinio oficial no ha concluido, es claro que se llevará a cabo un balotaje para definir quién ocupará la presidencia a partir del 28 de julio.

Las elecciones fueron convocadas por la entonces presidenta Dina Boluarte, quien luego fue destituida por el parlamento en un proceso que duró pocas horas. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, asumió José Jerí, quien en ese momento ocupaba el cargo de presidente del Congreso. Semanas antes de los comicios, sin embargo, una reunión no declarada entre el presidente y empresarios chinos detonó una acumulación de cuestionamientos a su idoneidad para continuar en el cargo y precipitó su salida. El mecanismo utilizado por el Legislativo para retirarlo fue, por primera vez, la censura a su cargo de presidente del Congreso y, como consecuencia directa, su apartamiento de la presidencia de la república. Tras la elección de una nueva Mesa Directiva, José María Balcázar lo sucedió en el cargo. Balcázar es un congresista electo por Perú Libre, el partido que originalmente ganó las elecciones presidenciales en el actual quinquenio.

Estos recurrentes cambios se han vuelto una constante en la historia política reciente. Desde el gobierno de Ollanta Humala (2011–2016), ningún mandatario ha logrado completar su período de cinco años: renuncias, vacancias y censuras se sucedieron bajo Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte, cada uno desplazado por un Congreso que ha demostrado ser el árbitro real del sistema político peruano.

Paradójicamente, en medio de esta inestabilidad el Congreso logró los consensos necesarios para impulsar reformas constitucionales y electorales de calado. A pesar de las altas votaciones exigidas en estos procedimientos legislativos, se restableció la bicameralidad (suprimida por el autogolpe fujimorista de 1992), se permitió la reelección inmediata de congresistas (prohibida mediante referéndum en 2018) y se facultó a los candidatos presidenciales a inscribirse simultáneamente en alguna de las cámaras del parlamento. Como consecuencia, 88 congresistas de un total de 130 lograron inscribir sus candidaturas para la reelección en el Senado o en la Cámara de Diputados, y diversos exparlamentarios de períodos previos también participaron como candidatos.

Sin embargo, la gran mayoría de candidatos al Legislativo fueron amateurs. En total participaron más de 8,400 individuos en los treinta y cuatro partidos y tres alianzas electorales que presentaron listas, con bajos niveles de experiencia previa. En el Perú es sumamente difícil consolidar una carrera política debido a la alta volatilidad electoral y las bajas tasas de reelección. De los seis partidos que lograron representación en el próximo Congreso, solo la mitad cuenta con escaños en el actual parlamento, y siete de los diez partidos hoy representados no ganarán escaños a partir de julio. Ante la dificultad de prever qué organizaciones continuarán en la arena legislativa, muchos políticos cambian de partido constantemente en busca de mejores oportunidades electorales.

El retorno a la bicameralidad generó un sistema electoral particularmente complejo. La Cámara de Diputados se eligió bajo el mismo mecanismo del período unicameral: un sistema proporcional con 27 circunscripciones para 130 escaños. Para el Senado de 60 escaños se adoptó una fórmula mixta: 30 escaños por circunscripción única nacional, 26 uninominales por cada región y cuatro por Lima metropolitana, donde se concentra cerca del 30 % del electorado. Las nuevas reglas establecieron además un doble umbral de representación: para la Cámara de Diputados, siete escaños y el 5 % de los votos válidos a nivel nacional; para el Senado, tres escaños y el mismo porcentaje. El cómputo es independiente en cada cámara.

A esta complejidad se añadió la del propio acto de votar. Los electores podían emitir hasta siete votos preferenciales de manera opcional: dos para la lista nacional al Senado, uno para la lista regional, dos para diputados y dos para el parlamento andino. El voto preferencial, que estructura un sistema de listas cerradas, pero no bloqueadas, permite a los ciudadanos favorecer a candidatos individuales dentro del partido elegido. Como diversas investigaciones han documentado, este mecanismo incide en la competencia intrapartidaria y en la fiscalización del financiamiento partidario, pero su efecto más visible es el incremento de la nulidad de votos al Congreso, pues su uso complejo induce con frecuencia al error en la cabina. Como resultado, la cantidad de votos blancos y nulos se aproxima al 25 % de los votos emitidos en las elecciones parlamentarias.

Últimos días de campaña y jornada electoral 

La campaña estuvo marcada por una volatilidad poco habitual incluso para los estándares peruanos. En enero de este año, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideraba las encuestas con el 10 % de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori con el 7 % (ver Gráfico 1). Ambos candidatos mantuvieron sus posiciones relativas durante gran parte del año previo. Sin embargo, a lo largo de los meses siguientes la fotografía se transformó. Los simulacros de votación mostraron que López Aliaga llegó a su pico en marzo con el 17 %, pero desde entonces inició una caída sostenida hasta el 9 % en la víspera de la elección. Fujimori siguió el camino inverso, subiendo progresivamente hasta el 19 % a inicios de abril. 

Esto coincidió con el ascenso de distintos candidatos que disputaban el segundo y tercer puesto. Carlos Álvarez, un humorista sin experiencia política previa, alcanzó el 12 % en la primera semana de abril, convirtiéndose en la sorpresa de la campaña. En paralelo, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) creció silenciosamente desde el 2 % en enero hasta el 9 % el 8 de abril, sin que las encuestas llegaran a reflejar su verdadero caudal de votos en las zonas rurales. Ricardo Belmont, quien fue alcalde de Lima a inicios de los 90, tuvo un sorpresivo crecimiento en estas fechas, y Jorge Nieto, exministro de Kuczynski, creció incluso después. Esto refleja un electorado indeciso hasta los últimos días previos a la elección, y una oferta política fragmentada que no lograba consolidar dos dígitos de intención de voto de forma consistente. Así, la población enfrentó la semana previa a las elecciones con alta incertidumbre, y el periodo de silencio electoral y la prohibición de publicar encuestas desde el 5 de abril contribuyeron a esta incertidumbre, cerrando la campaña con el panorama abierto. Debido a la volatilidad y el empate estadístico entre múltiples candidatos, ninguna medición anticipó adecuadamente el resultado final.

Gráfico 1:

La jornada del 12 de abril no transcurrió con normalidad. Las graves fallas en la distribución del material electoral en Lima generaron que 199 mesas de votación se instalen después del mediodía, e incluso impidieron que trece locales de votación puedan ser abiertos, dejando sin poder votar a 63 000 ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral, adoptó dos medidas extraordinarias: extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde y habilitó la apertura de estos trece locales al día siguiente para los electores afectados. La ONPE reconoció las fallas; su jefe fue sometido a investigación por el JNE, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia, y terminó renunciando antes de que concluyera el conteo oficial.

Las irregularidades alimentaron acusaciones de fraude y pedidos de nulidad de las elecciones ante los Jurados Electorales Especiales de Lima. López Aliaga, cuyo mayor caudal de votos se concentra en la capital y que mantenía incertidumbre sobre su paso a segunda vuelta, denunció sabotaje en su contra, ofreció recompensas de 20 000 soles a funcionarios que aportaran evidencias y llamó a sus seguidores a la “insurgencia civil”. La misión de observación de la Unión Europea publicó un comunicado en el que subrayó la importancia de respetar el marco jurídico electoral, respaldó las investigaciones independientes e instó a moderar el discurso político. La OEA coincidió en que las fallas logísticas no comprometían la validez global del proceso.

Ante este escenario, el JNE evaluó la posibilidad de realizar elecciones complementarias en Lima. Finalmente las descartó por diversas razones: la figura no está contemplada en el marco legal y constitucional vigente, su realización habría afectado el cronograma electoral, y los análisis disponibles coincidían en que las demoras no alteraron el sentido de los resultados.

Resultados

Como en 2021, los dos candidatos que pasarían a segunda vuelta no sumaron juntos ni un tercio de los votos emitidos; en esta ocasión ni siquiera alcanzaron el 25 %, de modo que tres de cada cuatro electores votaron por otro candidato o en blanco. De igual manera, la distribución geográfica del voto muestra patrones similares a elecciones previas: Keiko Fujimori con fuerza en la costa urbana y las zonas amazónicas, López Aliaga con fuerza en la capital, y Sánchez en la zona andina (ver Gráfico 2).

Gráfico 2: Ganador presidencial por región

La magnitud de la fragmentación queda clara en tres indicadores: ningún candidato superó el 20 % de los votos válidos; la diferencia entre el segundo y el tercer lugar fue, al cierre de esta edición, inferior a 30,000 votos sobre cerca de veinte millones computados; y la definición del segundo finalista permaneció incierta durante semanas, aunque el escenario de balotaje era indiscutible.

La experiencia de las últimas destituciones presidenciales convierte el respaldo legislativo en una variable estratégica de primer orden para el próximo gobierno. La fragmentación del voto alcanzó también al Congreso, aunque la aplicación del doble umbral limitó a seis los partidos con representación. Treinta y una listas quedaron excluidas y sus organizaciones deberán perder su inscripción como partidos políticos tras las elecciones regionales y municipales de octubre. Los resultados muestran que los mismos seis partidos obtienen representación en ambas cámaras, y esto no es casualidad: la simultaneidad de las elecciones y el diseño mixto del Senado reproducen los resultados proporcionales en ambos niveles.

El bloque de derecha suma 30 senadores —Fuerza Popular con 22 y Renovación Popular con 8— y 56 diputados, lo que lo coloca como primera fuerza en ambas cámaras, pero sin mayoría simple. La izquierda obtiene una representación casi equivalente: 23 senadores y 56 diputados entre Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación. El centro, con los 7 senadores y 18 diputados de Buen Gobierno, se posiciona como árbitro potencial de cualquier coalición. Sin embargo, es importante precisar que una constante en el sistema parlamentario peruano, que ha incrementado en el último quinquenio, es el transfuguismo: constantes cambios de bancada. El reglamento del nuevo Congreso bicameral limita este fenómeno, prohibiendo la creación de nuevos grupos parlamentarios.

Cerca de la mitad de los senadores electos ha ejercido el cargo con anterioridad —en parte, porque los requisitos para postular eran tener 45 años o haber sido parlamentario en el pasado—, y la mayoría de ellos se concentra en la bancada de Fuerza Popular. Los diputados, en cambio, muestran en conjunto menores niveles de experiencia política previa.

Gráfico 3: Resultados parlamentarios

El escenario por delante

El balotaje del 7 de junio reproduce una polarización conocida en elecciones previas: derecha contra izquierda, costa urbana contra sierra rural, antifujimorismo contra anticastillismo. Keiko Fujimori llega por cuarta vez consecutiva a la segunda vuelta, pero en mejores condiciones que antes ya que el movimiento antifujimorista que inclinó la balanza en los procesos de 2011, 2016 y 2021 se encuentra debilitado. Roberto Sánchez, congresista y exministro del gobierno de Castillo, sobre quien recae una acusación constitucional, hace campaña con el respaldo del expresidente preso y busca recuperar el voto que le dio la victoria en 2021, aunque con un partido más débil e internamente fragmentado. Cualquiera que gane enfrentará un Congreso sin mayorías propias y un nuevo Senado con amplios poderes que determina la permanencia de los presidentes en el poder. La vacancia debe ser aprobada por dos tercios. Fujimori cuenta con más de un tercio de los votos.