Juana M. Guerrero Garnica
Contexto de la crisis: situación de la democracia y del Estado de Derecho en Guatemala
La región latinoamericana, se encuentra atravesando un proceso de fatiga de los sistemas democráticos que se ve reflejado en múltiples factores como la cooptación del Estado hasta la incapacidad de los funcionarios y servidores públicos para cumplir sus funciones constitucionalmente atribuidas o extralimitándose en las mismas poniendo así, en riesgo, la prevalencia del Estado de Derecho.
Tal es el caso de Guatemala, en donde se ha alcanzado un punto álgido de crisis democrática y del Estado de Derecho en el contexto del proceso electoral 2023 que inició el 20 de enero por medio de la publicación del Decreto 1-2023 de Convocatoria a Elecciones, del Tribunal Supremo Electoral, finalizando el 31 de octubre recién pasado; proceso electoral que se ha desarrollado de forma atropellada, en medio de múltiples violaciones a derechos civiles y políticos, entre los que se pueden mencionar: la eliminación de opositores políticos de la contienda electoral, persecución penal de opositores políticos, campañas negras masivas y manejo de un hilo argumentativo de fraude electoral, hasta la articulación de actos que denotan un posible golpe de Estado técnico que se encuentra en marcha, entre otros.
Esta crisis ha desembocado en múltiples manifestaciones pacíficas y un paro nacional indefinido que inició el 2 de octubre y prevalece a la fecha, en defensa de la democracia y de total rechazo a las prácticas antidemocráticas dirigidas desde el aparato estatal cooptado, convocadas por las autoridades de los pueblos indígenas.
Cooptación del Estado
Otro aspecto del desgaste del sistema democrático guatemalteco, se ve reflejado en la cooptación del Estado, tanto a nivel de los tres órganos que lo conforman -Ejecutivo, legislativo y judicial-, como en los entes autónomos y descentralizados, incluidos los gobiernos locales, desvaneciendo así la característica de división del Poder propia de los Estados Republicanos.
En el caso del sistema de justicia, debió celebrarse elección de Cortes en 2019 y nuevamente en 2023 sin embargo, el pasado 13 de octubre, en sesión extraordinaria, realizada de madrugada, la actual magistratura de la CSJ ha prorrogado su mandato por tiempo indefinido, garantizándose la continuidad en un segundo período de facto, amparados en la resolución de la Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 5477-2019 que para 2019 los perpetuaba en el poder por un período más.
Esto responde a un entramado de corrupción investigado por la FECI de Juan Francisco Sandoval Alfaro, denominado “Comisiones Paralelas” en virtud de la cual, redes de poder, por medio de procedimientos ajenos a los establecidos legalmente para la elección de cortes, negociaron la postulación de magistrados con la finalidad de beneficiar a las redes de corrupción y cooptación del Estado, resultando en la elección de los magistrados que integran la actual CSJ.
Desde ahí, se nombran jueces afines al “pacto de corruptos”, saltándose los procesos establecidos, para el efecto, en la Ley de la Carrera Judicial, ampliando la red de poder y de cooptación del Sistema de Justicia (Organismo Judicial).
En cuanto al Congreso de la República y los gobiernos municipales, la cooptación del Estado se ve fraguada desde un desgastado sistema de Partidos Políticos, que en su mayoría comparten origen en la década de 1980, en los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad -CIACS-, que luego dieron lugar a las Redes Político-Económicas Ilícitas -RPEI-.
El desgaste democrático en términos de elección de Diputados al Congreso de la República, así como de los gobiernos municipales, e incluso del Presidente y Vicepresidente, atiende a raíces profundas de pobreza y desigualdad que se ven reflejados en redes clientelares político-electorales, sobre todo, en los años en los que se celebran elecciones generales.
Resultados proceso electoral 2023
Para la primera vuelta, de un padrón electoral conformado por 9,372,164 de ciudadanos, para la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio de 2023 y con un total de 5,499,963 de votos válidamente emitidos, equivalente a un 60.47% de participación ciudadana, pasan a segunda vuelta Sandra Torres de la UNE con un 15.76% de los votos y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, con un 11.80% de votos emitidos a su favor; cabe resaltar que hubo una prevalencia de voto nulo mayoritario que representó el 17.38% de los votos emitidos.
Mientras que en la segunda vuelta electoral, celebrada el 20 de agosto de 2023, con un total de 4,208,985 votos válidamente emitidos que equivalen a un 45.1% de participación ciudadana, de los cuales 147,165 fueron votos nulos representando un 3.49%, otorgándole 2,441,611 votos al binomio de Movimiento semilla, equivaliendo un 58.01% y 1,567,472 votos que representan un 37.2% de los votos válidamente emitidos a Sandra Torres de la UNE; la población le dio un giro a los resultados del proceso electoral, volcándose a las urnas para mostrar su descontento y dar un voto de castigo al denominado “pacto de corruptos”.
Regresiones autoritarias y riesgo de vuelta a la dictadura
Sin embargo, junto con la publicación del Decreto de Convocatoria a Elecciones, se echó a andar una maquinaria orquestada por las redes paralelas de poder que tienen cooptado al Estado, cuya finalidad es terminar de desgastar el ya socavado sistema democrático y garantizarse la permanencia en el poder.
Para conseguirlo, esta maquinaria antidemocrática ha manejado, al menos cuatro escenarios:
El primero, fue la eliminación de candidatos que no tenían el beneplácito y que le representaban alguna amenaza de pérdida de poder al denominado “pacto de corruptos”, utilizando procedimientos administrativos anómalos y paralelos a la ley o fuera de los plazos establecidos en la ley, para sacarlos de la contienda electoral, dejando por fuera candidatos, como en el caso del outsider Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana (luego el TSE anuló todas las candidaturas para todos los puestos de elección de dicho partido), o el binomio del partido Poder cuya asamblea fue anulada, y también casos como el binomio de Podemos, desde que se promovía la candidatura de Roberto Arzú (hijo de Álvaro Arzú) y del binomio del MLP conformado por Thelma Cabrera -lideresa indígena- y el ex Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
El segundo es el discurso del “fraude electoral”, que se puso en marcha junto con una fuerte campaña negra hacia la oposición, desde el momento en el que, aún habiendo consumado el primer escenario, los candidatos oficialistas, que aparecían en los primeros puestos en las encuestas de intención de voto, fueron relegados por candidatos de oposición, entre ellos, Manuel Villacorta de VOS y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla. Valiéndose para el efecto, de una fuerte red de netcenters que utilizan las distintas plataformas digitales para desinformar e incluso para difundir información que debería conocer con exclusividad el ente de investigación (Ministerio Público) en cuanto a fases de investigación y persecución penal de delitos electorales y procesos bajo reserva. El argumento del fraude electoral tiene su base en el hecho de que consideran inviable que un partido tan pequeño como Movimiento Semilla, que no aparecía en las primeras encuestas de intención de voto, lograra vencer a los candidatos oficialistas y conseguir la victoria para la presidencia, así como diputaciones, una alcaldía y una concejalía, usando además una campaña electoral con bajos recursos.
El tercer escenario, que se echó a andar junto con el primero, es la persecución penal y amenazas a opositores políticos en el contexto del proceso electoral; se pueden mencionar casos como el del diputado Aldo Dávila de VOS, Juan Francisco Solórzano Foppa quien era candidato a la alcaldía de ciudad de Guatemala por la coalición Foppa por la ciudad, conformado por los partidos Winaq, Movimiento Semilla y URNG y se debe hacer mención especial del proceso de persecución penal a integrantes del partido Movimiento Semilla, que inició junto con el primer escenario, desarrollándose en un proceso penal inquisitivo, por medio de un caso fabricado de constitución fraudulenta del partido con firmas falsificadas de afiliados, en el que no se le ha otorgado audiencias, ni acceso al expediente para poder ejercer el derecho de defensa, violentando el debido proceso y garantías constitucionales, que ha derivado a la suspensión de la personería jurídica del partido que cobró vigencia el 31 de octubre recién pasado al decretarse la finalización del proceso electoral, dirigida a cancelar definitivamente al partido para iniciar la persecución penal de sus líderes y algunos integrantes de las estructuras.
Esta persecución se ha realizado por medio de acciones emprendidas por el fiscal Rafael Curruchiche, quien sustituyó en la dirección de la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad, del Ministerio Público) a Juan Francisco Sandoval Alfaro, como parte del proceso de desmantelamiento de las entidades de lucha contra la impunidad en Guatemala, y con el apoyo de la Fiscal General Consuelo Porras quien es conocida por haber sido nombrada para beneficiar al “pacto de corruptos”, amparados además por la habilitación de procesos penales y órdenes de ejecución del juez séptimo penal de Guatemala quien es parte del pacto de corrupción y con aval de la CSJ y Corte de Constitucionalidad. Se busca, en ultima instancia, despojar de su inmunidad política al binomio, diputados y demás candidatos electos de Movimiento Semilla.
Asimismo, dado el escenario discursivo del fraude electoral, se inició un proceso de investigación, hostigamiento y amenazas de persecución penal en contra de los magistrados del TSE y Registrador del Registro de Ciudadanos, en virtud del cual, la FECI violentó la cadena de custodia de las cajas que contenían las papeletas del proceso electoral, al secuestrarlas y abrirlas, haciéndolo primero entrando de forma violenta a las bodegas donde estaban resguardadas, y luego ingresando fiscales y policías con rostros cubiertos por pasamontañas, acompañados de particulares que no ejercen función o servicio público ni en el Ministerio Público ni en la Policía Nacional Civil, en las instalaciones del TSE y Registro de Ciudadanos, de donde secuestraron violentamente las actas 4 y 8 que contienen la certificación de resultados del proceso electoral, lanzando al suelo, incluso a la magistrada del TSE Blanca Alfaro mientras intentaba resguardar las cajas que contenían las actas.
El cuarto escenario es el rompimiento del Estado Constitucional de Derecho y la puesta en marcha de un Golpe de Estado que, de momento, tiene características de golpe blando/técnico, ya que se está realizando por medio de la utilización del aparato estatal para las acciones expresadas en los primeros tres escenarios; además este lunes 6 de noviembre ha iniciado el sorteo de los integrantes de la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República para conocer un antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo. Se maneja la hipótesis desde grupos de analistas políticos, de que esto tiene como finalidad sustituirlo en su mandato por Manuel Conde (quien fue candidato del partido oficial a la presidencia) y luego buscar la renuncia de Giammattei, mientras se continúa con el proceso contra Movimiento Semilla para despojar de inmunidad política al binomio electo, dejando en el poder a Conde.
Con esto se pone en riesgo la toma de posesión de cargos tanto del presidente y vicepresidenta electos, como de los candidatos del partido Movimiento Semilla, aunque reiteradamente desde el aparato estatal, se indica que hablar de golpe de Estado, es un discurso alarmista inventado por Movimiento Semilla.
Manifestaciones pacíficas y Legitimación de las “Autoridades Ancestrales”
Todos estos elementos y escenarios planteados, unidos a la posibilidad de cambio hacia buenas prácticas democráticas que representa la elección del binomio de Movimiento Semilla, sirvió de motor para que la población orgánicamente legitimara el llamado de las autoridades de los pueblos indígenas que han organizado las manifestaciones pacíficas, declarándose en paro nacional indefinido desde el 2 de octubre, exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos y en defensa de la democracia, articulando con liderazgos urbanos, representantes de colectivos de mujeres y de juventud, en un ejercicio renovador de reconstrucción del tejido social tan lastimado en Guatemala.
Las autoridades ancestrales, han conseguido disminuir la fuerza de las acciones del pacto de corruptos con la demostración de poder que significó el paro nacional bloqueando las principales carreteras y entradas a los edificios estatales desde los que se ejerce corrupción, por casi un mes y han logrado también acceder a mesas de diálogo con el binomio electo y otros organismos internacionales, mediados por la OEA, para garantizar la toma de posesión de los candidatos electos el próximo 14 de enero de 2024.
Analizando desde otra perspectiva el giro que han tomado las manifestaciones pacíficas, podría decirse que se trata de un intento de madurez política desde los diversos actores sociales que han entendido que es necesario cambiar las malas prácticas políticas para evitar que el desgaste de la democracia derive en una vuelta a la dictadura o en la perpetuación de prácticas autoritarias naturalizadas en el país.
Sin embargo, la buena voluntad no basta, menos cuando lo que se enfrenta es un aparato estatal totalmente cooptado por actores políticos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para no perder su cuota de poder.
Ejemplo son los rasgos autoritarios del actual gobierno, caracterizado por violaciones de las garantías constitucionales y regresión en materia de protección de Derechos Humanos y desgaste del Estado Constitucional de Derecho, desarrolladas en los escenarios del proceso político-electoral, mismas que hemos visto en gobiernos autoritarios y dictaduras en nuestra región como en los casos de El Salvador, Venezuela y Nicaragua; vale mencionar que Guatemala se encuentra ubicada en los últimos lugares, en los diferentes índices que miden la calidad de la democracia, siempre cerca de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
De esa cuenta, será necesario, junto con las acciones internas, dirigidas desde los liderazgos sociales y políticos locales, el acompañamiento efectivo de la comunidad internacional para garantizar la continuidad de la democracia y el resguardo del Estado de Derecho en Guatemala.
