Milagros Campos

Un año después: cambio de actores y la crisis continúa

Ha transcurrido un año del mensaje a la nación de Pedro Castillo y su destitución como presidente de la república. La decisión de establecer un gobierno de excepción, disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, declarar en reorganización el sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la junta nacional de justicia y el tribunal constitucional gatilló la enérgica reacción de instituciones estatales que una a una emitieron pronunciamientos públicos. Las fuerzas armadas y policiales comunicaron que no acataban actos contrarios al orden constitucional. 

Dos horas después del temerario mensaje Castillo fue vacado en el cargo por permanente incapacidad moral y detenido. El Congreso invocó el artículo 46 de la Constitución Política por el que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”. El anuncio configuró la flagrancia de los actos delictivos en defensa de la democracia y el estado de derecho. Actualmente libra un proceso penal no solo por quebrar el orden constitucional, sino por delitos de corrupción. Su golpe de Estado fue tan improvisado, caótico como su gobierno. En dieciséis meses de gobierno cambió ministros más de setenta veces.  Pero como ha venido ocurriendo en el Perú, el término anticipado de un mandato presidencial no acaba con la crisis política. Cambian los actores políticos y la crisis continúa. 

Boluarte, la primera presidenta

Dina Boluarte se convirtió por sucesión constitucional en la primera presidenta del Perú. Fue vicepresidenta y ministra del gobierno de Pedro Castillo hasta noviembre de 2022. Renunció al partido político Perú Libre al que se afilió para postular. De manera que, al asumir el gobierno, no tenía un partido ni el precario apoyo parlamentario que su antecesor construyó. 

El primer problema del gobierno fue el rechazo a su presidencia expresado en las jornadas de protesta en diversas zonas del país pidiendo elecciones generales. Lamentablemente, más de medio centenar de personas fallecieron. El gobierno recurrió al estado de emergencia. Solicitó al Congreso aprobar el anticipo de elecciones generales. El Congreso archivó todos los proyectos que tenían esa finalidad. A las pocas semanas se evidenció que la oposición a Pedro Castillo se convirtió en el principal soporte parlamentario para la nueva presidenta. 

Cambios en el Congreso

El Congreso electo en julio de 2021 varió su conformación sustancialmente. Aunque existe una barrera electoral de 5% para evitar la fragmentación, los congresos electos se fragmentan durante el periodo parlamentario debido al transfuguismo. Las  prácticas parlamentarias avaladas por dos fallos del Tribunal Constitucional, permiten que los congresistas electos puedan renunciar a sus grupos parlamentarios y formar nuevos. No solo hay nuevos grupos, sino que los congresistas han cambiado de grupo más de una vez. La debilidad de los partidos políticos es una de las razones que explican el transfuguismo, pero las normas vigentes constituyen incentivos perversos para debilitar aún más la institucionalidad del Congreso. 

            ¹ Revisar las sentencias recaídas en los expedientes 0006-2017-PI y 0001-2018-PIITC.

     ² El Partido Morado no pudo formar grupo parlamentario al no alcanzar la pluralidad requerida, a pesar de lograr tres escaños.

Contra Boluarte se presentaron dos mociones de vacancia este año, ninguna continuó su trámite por falta de votos. Los congresistas elegidos por Perú Libre antiguos compañeros de campaña, impulsaron las mociones. Ellos son la principal oposición a Boluarte. Como se puede observar en la tabla, se presentaron veintisiete mociones de interpelación en un año por las que siete ministros comparecieron. 

En relación con la función legislativa, el presidente tiene derecho de iniciativa, puede solicitar facultades legislativas y aprobar legislación de urgencia en materia económica y financiera. El Congreso unicameral permite que las autógrafas observadas por el presidente puedan aprobarse por insistencia con mayoría absoluta. Aproximadamente el 20% de las leyes se aprobaron por insistencia. 

Gráfico 1 Aprobación de la Presidenta

Fuente: Observatorio de Democracia y Gobernabilidad de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – Pontificia Universidad Católica del Perú (https://democraciagobernabilidad.pucp.edu.pe/)

Nuevas aristas en la crisis 

En todo caso los principales problemas que afronta Boluarte no provienen de la relación ejecutivo legislativo. La economía, el anuncio del Fenómeno del Niño en el norte del país y una reciente denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación contra la presidenta son temas mas cercanos con los que debe lidiar.

Hace algunas semanas los especialistas anunciaron que el crecimiento del Perú será negativo. En un país acostumbrado a ver la economía florecer, a escuchar que la economía y la política van por cuerdas separadas, enfrenta el retroceso en diez puntos en los indicadores de pobreza y recesión. El impacto del menor crecimiento es la reducción del empleo y crecimiento de la informalidad. De otro lado, el recurrente Fenómeno del Niño requiere de las mejores prácticas en gestión pública y gestión de desastres. Pero, el servicio civil es otro tema pendiente en el Perú, pues los cambios de presidentes y ministros han debilitado la incipiente carrera pública.

El tema más complejo de las últimas semanas recae en el sistema de justicia. Esta semana el Tribunal Constitucional dispuso la liberación de Alberto Fujimori resolviendo un recurso al indulto otorgado por Kuczynski y que fuera cuestionado ante la Corte CIDH. La Fiscal de la Nación fue suspendida en el cargo por la Junta Nacional de Justicia que afronta un proceso de destitución ante el Congreso. Antes de ser suspendida en el cargo presentó una denuncia constitucional contra la presidente Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros por las lamentables muertes ocurridas durante las violentas manifestaciones sociales del año pasado. 

Reflexión final 

Este año, el Índice de democracia 2022 publicado por The Economist calificó al Perú como un régimen híbrido, lo que constituye una degradación frente a la calificación del año anterior en el que lo describió como una democracia defectuosa. Como han señalado Barrenechea y Encinas (2022), la democracia peruana se sostiene en el empate entre actores débiles, incapaces de destruirse unos a otros. Explican que en los hechos es una democracia por defecto, con un equilibrio precario que se ha precarizado aún más. La crisis institucional dificulta la atención de políticas públicas para atender acceso a servicios y derechos que permitan una mayor calidad de vida. En este contexto, lo que está en juego es la sostenibilidad de la democracia.