Milagros Campos

¿Es posible destituir a un presidente en menos de 24 horas? Lo ocurrido con Dina Boluarte es un ejemplo claro de lo frágil que puede ser la presidencia en el Perú. Su destitución se explica por diversos factores: la elevada desaprobación, las denuncias de corrupción, los cuestionamientos a su gestión, especialmente en materia de seguridad ciudadana, entre otros. Todo ello en el marco de un débil apoyo parlamentario que le permitió gobernar durante más tiempo que sus cinco predecesores. A esto se suma la previsión constitucional de una modalidad de juicio político sui generis, reforzada por la reciente historia de destituciones presidenciales.

Presidencias frágiles  

La inestabilidad política y la finalización anticipada de los mandatos se han convertido en una constante en la historia peruana reciente. El último presidente que concluyó su mandato completo en este siglo fue Ollanta Humala (2011–2016). Desde entonces, los presidentes han permanecido en el cargo un promedio de apenas dieciocho meses, una duración que contrasta con los cinco previstos en la Constitución. Entre 2016 y 2025 hubo siete presidentes en lugar de los dos que corresponderían. Desde la renuncia forzada de Kuczynski en 2018, luego de afrontar una moción de vacancia por permanente incapacidad moral, tres presidentes han sido vacados por la misma causal.

Tabla 1 Presidentes peruanos 2016-2025

Elaboración propia

El Perú cuenta con un sistema de gobierno que puede definirse como un presidencialismo parlamentarizado, ya que desde el siglo XIX ha incorporado de manera progresiva instituciones propias de los regímenes parlamentarios. Sin embargo, los mecanismos de control se han utilizado para escalar el conflicto entre poderes cada vez que el Ejecutivo no contó con mayoría en el Congreso. Cuando hubo mayoría, el gobierno concentró excesivamente el poder, sin mayoría hubo graves enfrentamientos que durante el siglo XX terminaron con golpe de Estado (Eguiguren,2007). Ese ciclo terminó cuando entre 2001 y 2016, presidentes sin mayoría, lograron construir un escudo legislativo que les permitió culminar su mandato. Desde 2016, el apoyo parlamentario de los presidentes disminuyó. El vínculo entre el partido político y el presidente se redujo o fue inexistente. El conflicto entre poderes escaló y dejó de apuntar a los ministros de Estado como responsables políticos, para cuestionar la permanencia del presidente a través de la tramitación de mociones de vacancia por permanente incapacidad moral.

Impeachment a la peruana

La Constitución ha blindado al presidente de tal manera que solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro causales: traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso fuera de los supuestos previstos por la Constitución, o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El efecto ha sido paradójico, pues al mismo tiempo el presidente queda desprotegido cuando se activa una institución del siglo XIX que hasta el año 2000 se había aplicado solo una vez, contra Alberto Fujimori. El problema con la vacancia por “permanente incapacidad moral” es que se trata de un término amplio e impreciso, cuya interpretación queda en manos del Congreso. Aunque requiere una votación calificada de dos tercios de miembros del Congreso, el procedimiento es muy breve, a diferencia de las acusaciones constitucionales. El Congreso unicameral ha favorecido a la rapidez de su tramitación. No obstante, el Tribunal Constitucional la ha definido como una modalidad sui generis de juicio (STC 1803-2023-PHC/TC, fundamento 28).

El caso de Dina Boluarte

Dina Boluarte fue la primera mujer en llegar a la Presidencia en el Perú. Lo hizo mediante sucesión constitucional, tras haber sido vicepresidenta de Pedro Castillo, vacado a causa del golpe de Estado en diciembre de 2022. Su permanencia en el cargo fue amenazada en ocho ocasiones por mociones de vacancia presentadas por quienes fueron sus compañeros de partido. Boluarte había renunciado al Perú Libre antes de asumir la presidencia, por lo que no contaba con partido político ni bancada propia, situación similar a la de Martín Vizcarra. Aun así, consiguió construir una coalición informal y frágil con los partidos que habían sido la principal oposición a Castillo.

Las mociones que logró superar se basaban en acusaciones por vulneración de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, muertes a causa de las manifestaciones de diciembre de 2022 y presuntos actos de corrupción. ¿Qué cambió el 9 de octubre para que terminara con su presidencia? Una posible explicación es el agravamiento de la inseguridad ciudadana, que ha afectado a empresarios de distintos sectores víctimas de extorsión por mafias del crimen organizado. Durante este año se registraron paros de transportistas y protestas exigiendo medidas más eficaces contra la inseguridad y el aumento de la criminalidad. El día anterior a la vacancia, una balacera irrumpió el concierto de un popular grupo musical.

La sesión del 9 de octubre, convocada inicialmente con otra agenda, incluyó finalmente las mociones de vacancia por permanente incapacidad moral. Esto obligó a los partidos con representación parlamentaria a decidir entre mantener en el cargo a una presidenta impopular, incapaz de responder a la crisis de inseguridad, o asumir el costo político de defenderla en nombre de la estabilidad y gobernabilidad. El resultado fue la aprobación unánime de la vacancia. La moción se aprobó con los votos de los 122 congresistas presentes. De acuerdo con Ipsos, el último registro de aprobación de Boluarte, días antes de la vacancia, fue 3%. Después de la vacancia, el Instituto de Estudios Peruanos publicó una encuesta en la que el 81 % aprueba la decisión del Congreso.

Gráfico 1 Aprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte

La alta votación obtenida no es el único caso en el que el congreso fragmentado logra súper mayorías. Actualmente hay 12 grupos parlamentarios, ninguno pasa del 15% de escaños. En este escenario de alta fragmentación política, las alianzas entre partidos tienden a ser pragmáticas, centradas en intereses coyunturales más que en proyectos programáticos, coincidencias ideológicas o de políticas públicas.

A pocos días de asumir, las protestas han continuado. Una lamentable muerte y heridos entre policías y manifestantes deben esclarecerse. Mientras se ha declarado un nuevo estado de emergencia.

Las complejas elecciones generales de 2026

Al momento de ser vacada en el cargo, Boluarte ya había convocado elecciones para el 12 de abril del próximo año. Curiosamente, ese mismo contexto coincidió con las vacancias de Fujimori y Vizcarra. Las elecciones de abril de 2026 son de alta complejidad por dos razones principales.

La primera es la elevada fragmentación política: treinta y nueve listas se encuentran habilitadas para inscribir candidaturas. A diferencia de elecciones anteriores, ninguna candidatura supera los dos dígitos de intención de voto a nivel nacional a pocos meses del proceso electoral.  Es muy posible que una vez más la elección presidencial se defina en el balotaje, con un Congreso electo en la fecha prevista para la primera vuelta. El nuevo presidente deberá lograr un apoyo parlamentario que le permita salir de este ciclo de inestabilidad presidencial.

La segunda es la elección de un Congreso bicameral después de treinta y seis años. De acuerdo con las nuevas reglas electorales, el Senado estará conformado por 60 miembros: 30 elegidos por circunscripción nacional, 26 por circunscripciones uninominales y 4 por Lima Metropolitana. De esta manera, se realizarán cinco elecciones simultáneas: presidencial, senado nacional, senado por circunscripciones, diputados y Parlamento Andino.

Las listas al Congreso y al Parlamento Andino serán cerradas y no bloqueadas. Los electores podrán emitir hasta siete votos preferenciales: tres para el Senado, dos para diputados y dos para el Parlamento Andino. En este contexto, las campañas se multiplican y la fiscalización del financiamiento se vuelve más compleja.

Se ha previsto una compleja barrera legal por la que sólo obtienen escaños en el Senado los partidos políticos que obtengan 5% de votos válidos a nivel nacional y tres senadores electos. En el caso de la Cámara de Diputados, además del 5% de votos válidos a nivel nacional, los partidos políticos deben elegir al menos a siete miembros a fin de lograr representación en dicha cámara.

Los ciudadanos se enfrentarán a una cédula de sufragio distinta a la que conocían, de mayor tamaño y con casi el doble de partidos o alianzas electorales. Además, a la fragmentación se suma una creciente desconfianza hacia los organismos electorales. Según Datum Internacional, entre agosto de 2024 y octubre de 2025 la confianza en estas instituciones se redujo de 32 % a 19 %.

El marco normativo también ha cambiado en otros aspectos. Esta elección incluirá por primera vez el voto virtual para miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y para peruanos residentes en el extranjero, así como la posibilidad de un recuento de votos. Además, se ha restablecido la reelección parlamentaria inmediata.

La elección se realizará en el contexto de la inseguridad ciudadana descrito, al que se suma el avance de la minería ilegal. A causa de ello, tanto Lima como otros departamentos del país se encuentran con estado de emergencia. La minería ilegal se vincula a otros delitos como la trata de personas, la deforestación, el contrabando, el lavado de activos y el trabajo infantil. Las potenciales consecuencias del crecimiento de estas actividades ilegales tienen un impacto grave en el daño ambiental. Se trata de un problema estructural que se ve favorecido con la alta informalidad y corrupción que erosionan la gobernabilidad y la legitimidad del Estado. Esta semana empezó la campaña electoral pues en pocas semanas se realizan las elecciones internas y se definen las candidaturas. Sin embargo, la permanencia del presidente José Jerí para conducir el país en los próximos meses dependerá del Congreso, pero también del éxito de su política contra el crimen organizado que tiene en jaque a transportistas, artistas y de otros gremios con el pago de cupos en Lima y otras ciudades del país.