Gloria Porras

Soy una exjuez constitucional exiliada por causa de la justicia. Mi país, Guatemala, se ha caracterizado en los últimos años por el ataque a la independencia judicial y el Estado de derecho a través de la criminalización y el hostigamiento a operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. ^[1]

Un grupo de personas, que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos, diseñó una estrategia de control y desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Esta estrategia del Pacto de corruptos tenía como objetivo final provocar la renuncia, el exilio o el encarcelamiento de operadores de justicia independientes que no se sometieron al pacto.  

Durante diez años me desempeñé como Magistrada titular. Fui designada para este cargo en tres ocasiones; la primera por el Organismo Ejecutivo, una segunda vez, por el Congreso de la República.  Durante este tiempo, las resoluciones de la Corte reconocieron derechos de pueblos indígenas y evitaron el abuso de poder de varios funcionarios, pero esto no fue del agrado de los integrantes de este grupo.  Por ello, la tercera vez que fui designada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no me permitieron hacer el juramento ante el congreso y por este motivo no pude tomar posesión del cargo.

Es así como un día 13 de abril del 2021, a las catorce horas, asistí al Congreso de la República de Guatemala porque días antes este Organismo de Estado, había convocado a todos los magistrados titulares y suplentes designados para ocupar la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) a prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política. Al momento de ingresar al Palacio Legislativo de la República, a diferencia de los demás magistrados que fueron trasladados al despacho del presidente del Congreso, yo fui llevada al «Salón del Pueblo».  Recuerdo que me hicieron permanecer aproximadamente dos horas en el salón en tanto los diputados se aseguraban de recibir la resolución de un juez para dar apariencia de legalidad a lo que estaba por venir. El mensaje era claro: haber decidido aplicar la justicia en forma independiente para servir al pueblo de Guatemala y no a intereses particulares, que, en mi opinión, representaba la violación a derechos humanos para grupos vulnerables tuvo consecuencias. Las horas transcurrían y la curiosidad sobre mis reacciones se reflejaba en el comportamiento de algunos de los empleados que se me acercaban solo para ver mi rostro, otros, en cambio, me manifestaban en voz baja y con temor, que no compartían lo que me sucedería.

A partir de lo que podía observar concluí que el plan que días antes me reveló una exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad era verdad: no se me permitiría la juramentación y con ello, evitarían que tomara posesión del cargo de magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, para el que fui designada por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Esperé pacientemente y luego fui llevada al palco donde suelen sentarse los diplomáticos, en ese lugar todos los diputados podían observarme, sentía como sus miradas se clavaban en mi. Mientras tanto los otros magistrados electos fueron llamados para ser juramentados. El presidente del Congreso de la República pretendió exponer los motivos aparentes por los cuales no realizaría mi juramento, pero las causas verdaderas se advertían en cada una de las afirmaciones de un discurso previamente preparado.  El largo discurso daba cuenta de cada una de las verdaderas razones por las cuales de forma orquestada el pacto de corruptos evitó mi regreso a la Corte por un nuevo período. Los medios de comunicación registraron y transmitieron en directo lo que sucedió^.

En tanto esto ocurría, diputados aliados del denominado pacto de corruptos dirigían su mirada hacia el lugar donde yo permanecía sentada, con una risa burlesca esperaban el momento justo en que anunciarían públicamente la noticia. El personal de protocolo de la Corte fue llamado por quien asumiría al día siguiente la dirección de la Corte y como era de esperar ante la pérdida de poder el personal me dejó sola en el palco y se dedicó a asistir a los otros magistrados durante la juramentación.

El presidente del Congreso refiriéndose a mí me calificó a nivel nacional como una persona farsante que se ha burlado del pueblo y que he sido financiada por grupos que no representan nada ni a nadie, obviamente hablaba también de otros magistrados que formaron parte de la séptima magistratura y que tampoco se sometieron al régimen, pero que en ese momento no se encontraban presentes porque uno de ellos falleció, otro se encontraba gravemente enfermo y otro más no estaba presente.  A pesar de que, la única función del Congreso en ese momento era un acto formal de juramentación, Allan Rodríguez, presidente del congreso, incluido en la Lista Engel y Magnitsky,  hizo un largo discurso político y sentenció: 

“Es un día histórico, para celebrar la vida y la restauración de la República, es un día de luz. Hoy decimos: Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución” (Acta De La Sesión Solemne 02-2021, de 13 de abril de 2021del Congreso de la República). ^[2]

Era claro que no tomarían mi juramento, pero ya no podrían acusarme de abandonar el Congreso de forma anticipada o de no haberme presentado a la juramentación. En ese momento decidí salir y por sugerencia de algunos amigos, fui a practicarme una prueba COVID-19, porque en ese tiempo era necesario contar con la prueba para salir legalmente por cualquier frontera del país. Mi teléfono sonaba y escuchaba los mensajes que dejaban varias personas y que me decían: no regreses a la Corte, debes salir ahora mismo del país. Sin embargo, yo debía documentar que había administrado en forma transparente la Corte, que todos los documentos administrativos y financieros estaban en regla, así que decidí cumplir con mis responsabilidades hasta el último momento.  Cuando llegué a la Corte, observé una inusual presencia policial que no solicité como presidente de la Corte porque no era necesario. El estrés por la incertidumbre aumentaba. 

Pensaba en muchas cosas, pero en particular pensaba en mi familia. Llamé a una abogada para que me autorizara un mandato para que me representaran en el país durante mi ausencia. La entrega del cargo se prolongó por horas porque revisaron minuciosamente cada renglón de mi informe. Mientras esto sucedía, hablé con mi familia para tranquilizarlos y hacerles saber que hasta ese momento me encontraba bien, aunque en mi interior sabía que la incertidumbre sobre mi destino les angustiaba.

Amigos y familiares me llamaban por teléfono para saber sobre mi integridad, pero yo no les permití que llegaran hasta la Corte por los riesgos que podría representar para ellos.  A pesar de lo que yo decía ellos querían verme, por lo que decidimos coincidir en un restaurante.  Cuando me dirigía hacia el lugar, las personas que me esperaban se asustaron al advertir vehículos que nos seguían y observaron que llegaron varias camionetas negras.

El nerviosismo, el cansancio y la preocupación no me permitía concentrarme bien, pero al final los encontré en una calle que no logro recordar y al bajar del auto vi a algunos miembros de mi familia. Algunos amigos cercanos llegaron al lugar y nos separaron de un profundo abrazo que no terminaba.  Todos me recomendaban salir inmediatamente del país y cruzar la frontera antes de las 12 de la noche porque a esa hora dejaría de tener inmunidad. A pesar del deseo de quedarme, a través de redes sociales se anunciaba mí captura por las decisiones que adopté en el ejercicio de mi cargo, las cuales adelantaban un encarcelamiento injusto, ilegal y arbitrario.  Entonces, decidí emprender el viaje y horas después estaba fuera del país. 

Al día siguiente, llegué a Estados Unidos desfasada en el tiempo por el retraso prolongado del vuelo, por lo cual ya nadie me esperaba en el aeropuerto y no tenía una forma de comunicarme pues ya no llevaba conmigo el teléfono oficial, el cual, por seguridad decidí no usar más porque había dejado de ser personal de la Corte. En medio de lo que aconteció no encontraba mis lentes y no lograba ver con claridad lo cual dificultaba que pudiera leer y ver detalles de lo que ocurría alrededor. Un hombre me preguntó: «¿A dónde va, señora? Y honestamente le respondí: «No sé».  Me miró con sorpresa y preguntó: ¿Le puedo ayudar en algo? Me prestó su celular para buscar un lugar.

Han transcurrido más de tres años desde aquel 13 de abril, y aún hay eventos que no consigo recordar con claridad y otros que aún no puedo procesar. 

Creo que esta historia debe ser contada al igual que las vivencias de cada uno de los más de 80 exfuncionarios, periodistas y defensores de derechos humanos que salieron después de mí, por lo que me he propuesto dejar algunas memorias que den cuenta de aspectos políticos, legales, emocionales y de los daños personales que hasta ahora no muchos conocen. Al mismo tiempo, espero que escribir me permita superar los traumas que provoca un exilio forzoso e injustificado solo por ejercer una función pública con independencia.

Soy una exiliada guatemalteca por causa de la justicia, vivo en los Estados Unidos de América y a través de diferentes personas e instituciones he recibido mucho apoyo y reconocimiento por mi labor como exjuez. 

Durante esta nueva etapa he vivido nuevas experiencias y he adquirido nuevos conocimientos que enriquecen mi vida y que me hacen crecer como ser humano.  No soy una exiliada que busca cumplir el sueño americano porque mis sueños están en Guatemala. No persigo beneficio personal, sino el camino para encontrar nuevas rutas hasta alcanzar justicia. He planteado mi caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y confío en que mis derechos serán reivindicados.

Los actos que se han cometido y se siguen cometiendo en mi contra, y los actos que buscan mi muerte civil a través de la criminalización y el desprestigio a través de redes sociales, son derechos que deben ser restablecidos. El pacto de corruptos evitó anómalamente la posibilidad de asumir el cargo de magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, para el cual fui designada de forma transparente y mediante procedimientos que conforme la ley, la moral y la costumbre son idóneos. Sin embargo, los integrantes del pacto no podrán evitar que la historia los juzgue y tampoco podrán evitar que otros países los identifiquen y  los  sancionen como ya a ocurrido con varios de ellos.

Algunas de estas personas pretenden evitar que en el futuro pueda vivir libremente en mi país o que pueda tener una vida laboralmente activa, pero, mi dignidad y la satisfacción del deber cumplido no podrán arrebatármela jamás.

[1] Véase pp. 4 y 13 de la petición inicial presentada ante la CIDH, Gloria Patricia Porras Escobar vs. Estado de Guatemala, presentada el 4 de octubre de 2023 por Impunity Watch, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) y Robert F. Kennedy Human Rights.

[2] Guatemala. Congreso de la Republica. Grabación y Acta de la Sesión Solemne 02-2021, de 13 de abril de 2021.