Manuel Alcántara Sáez

La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2018 y los tres años de ejercicio de esta ofrecen un rico repertorio de actitudes, algunas de las cuales se convierten en decisiones, que suponen un impacto indudable en el contexto latinoamericano. Una región inmersa en un estado de democracia fatigada donde patrones aceptables en la competencia electoral para elegir a las autoridades asentados en las últimas décadas como nunca conviven con dos problemas crecientes. En efecto, debido a la corrupción galopante y a la crisis de las expectativas de mejora económica unido con las altas tasas de violencia e inseguridad, se produce un malestar social generalizado con respecto a la política. En segundo término, se registra una fuerte crisis de la representación política como consecuencia de los patrones de acentuado individualismo que potencia el presidencialismo y la sociedad líquida configurada en el último cuarto de siglo, todo lo cual afecta fundamentalmente a los partidos políticos hoy más volátiles y fragmentados y con menor capacidad de atraer a la población que cada vez se identifica menos con ellos.

En este contexto, el fenómeno Bolsonaro tiene peculiaridades propias del caso brasileño, pero, simultáneamente, conlleva rasgos regionales que han venido presentándose en la última década, lo que lo convierte en un caso de estudio interesante. Además, ambos aspectos se entrelazan perfectamente.

Desde una perspectiva institucional Brasil comparte con los restantes países de la región la forma de gobierno presidencialista. Sin embargo, esta convive con la más alta fragmentación de su sistema de partidos en comparación con los países vecinos. Ello ha traído consigo que los presidentes brasileños hayan tenido que configurar grandes coaliciones en el Congreso dada la limitada fortaleza de sus bancadas legislativas algo que incluso se ha trasladado a la vicepresidencia con individuos ajenos a la formación política del presidente y a los gabinetes con una alta presencia ministerial de otros partidos. Esta circunstancia ha estado presente en el caso de Bolsonaro con el añadido de que su militancia en el partido, de presencia minoritaria en la política nacional, que lo postuló no llevaba consigo el liderazgo, de manera que una vez en la presidencia lo abandonó. Este último aspecto solo encuentra ciertas similitudes en Argentina, Colombia y Ecuador, países en los que la presidencia ha estado ocupada por figuras vicarias que no controlaban plenamente al partido por el que fueron candidatos. Alberto Fernández, en Argentina, se encuentra supeditado al liderazgo del peronismo de Cristina Fernández, anterior presidenta y ahora vicepresidenta; Iván Duque, en Colombia, es en buena medida rehén del expresidente Álvaro Uribe; y Lenin Moreno, el delfín díscolo de Rafael Correa, tuvo que lidiar con un Legislativo en el que la bancada oficialista estaba fragmentada.

Paralelamente, hay que señalar que Brasil es un país federal por lo que la sintonía del presidente con los gobernadores es una condición favorable para su gobernabilidad, pero dada la trayectoria política de Bolsonaro este no cuenta con ningún gobernador de su color político con lo que las relaciones entre Brasilia y los estados están sometidas a una tensión permanente. Esta situación se ha dado, pero en menor medida, en México y en Argentina, los otros dos países latinoamericanos federales. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus tres primeros años de gobierno ha tenido la oposición de diez gobernadores, mientras que en Argentina la oposición más significativa al presidente Fernández viene del jefe de gobierno de la capital federal. Un escenario similar al que se da en Colombia donde las alcaldías de las principales ciudades del país están lideradas por opositores al gobierno de Duque.

A diferencia de dos presidentes con los que Bolsonaro encaja a la hora de comparar estilos de liderazgo como son el mexicano López Obrador y Nayib Bukele de El Salvador, Bolsonaro ha sido incapaz de configurar un partido o un movimiento político en su derrotero. Desde fuera de Brasil se han visto con sorpresa las maniobras del presidente para configurar su propio partido o para alcanzar alianzas estratégicas de cara a las elecciones presidenciales de dentro de un año. López Obrador cuando dejó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), creó MORENA, partido que le garantiza un capital político evidente como se ha señalado más arriba. Por su parte, Bukele, tras serle negada su posibilidad de ser candidato presidencial por el FMLN, partido de izquierda con el que había sido alcalde en dos municipios, estableció el partido Nuevas Ideas como su plataforma política con la que alcanzó una amplia mayoría en las elecciones legislativas de 2020[1]. En los tres casos, las elecciones tuvieron un fuerte carácter plebiscitario. Además, los entonces candidatos representaban el sentir contrario a los partidos que habían detentado el poder al menos en el cuarto de siglo anterior. Estas candidaturas, centradas exclusivamente en los líderes y ajenas a cuestiones institucionales y programáticas, supusieron una novedad indudable. Este escenario no es insólito en otros países de la región en los que destaca el caso de Perú con una pauta asentada desde hace treinta años de candidatos múltiples con partidos efímeros.

Por otra parte, hay otros tres elementos que permiten analizar las posibles coincidencias existentes entre los casos brasileño, mexicano y salvadoreño, sin perjuicio de ampliarse a otros países. Se trata del apoyo recabado del mundo religioso, especialmente del evangélico, del manejo del factor militar y de las relaciones con el Poder Judicial.

Los mensajes de Bolsonaro, López Obrador y Bukele coinciden a la hora de buscar paliar el sufrimiento ofreciendo una vía hacia la felicidad. Son epítomes del pastor que guía al rebaño desvalido por una senda trascendente. Sus reclamos en pro de un comportamiento moral, donde la honestidad individual debe ser el único vector de actuación, sobrepasan la acción de la justicia demasiado apegada al comportamiento humano. En la simplicidad de su oratoria llegan a los rincones más remotos con palabras que retoman el sabor de la niñez: amor, familia, bendiciones. En el fragor de sus peroratas invocan repetidas veces a la divinidad y coquetean constantemente con grupos de activistas de marcado cariz religioso y, lo que me parece más significativo, integran en su estilo de liderazgo su condición de autoproclamados mesías que tienen una inequívoca misión de carácter redentor que llevar a cabo.

Bolsonaro, que se jacta de ser un presidente “cristiano en un país laico”, ubicó a Damares Alves, una pastora evangélica, al frente del Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Familia. Alentada por el presidente, Alves lanzó propuestas polémicas, en connivencia con consignas levantadas por pastores neopentecostales, como un plan para evitar embarazos adolescentes que plantea la abstinencia sexual como una de las principales estrategias. López Obrador reiteradamente usa citas bíblicas en sus mañaneras[2], y en cualquier otra intervención pública, y hábilmente provoca constantemente la confusión del acrónimo de su movimiento político con el nombre de la virgen: Morena. Además, ha mandado imprimir diez millones de ejemplares de la Cartilla moral del pensador católico Alfonso Reyes en su querencia a redactar una constitución moral. Bukele, subido a un escenario instalado improvisadamente frente al palacio legislativo salvadoreño el 9 de febrero se dirigió a sus seguidores con los siguientes términos: “Yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar y luego la decisión estará en ustedes. ¿Me autorizan?”. Al rato regresó y proclamó: “Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas [los legisladores] no quieren trabajar por el pueblo. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Una semana, señores. Una semana. Una semana. Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado, démosle una semana a estos sinvergüenzas: los convocamos de nuevo si no aprueban el plan”.

Los tres están convencidos de que si aceptan la ley es porque esta emana de Dios, e inmediatamente se arrogan la capacidad de interpretación absoluta pues están ungidos por la divinidad. Un asunto viejo, medieval, que hoy, además, vuelve a desempeñar el papel de adormidera del enajenado soberano.

Por otro lado, se encuentra el manejo del factor militar. En febrero de 2021, el presidente Bukele irrumpió con un grupo de militares en la Asamblea Legislativa para regañar a sus señorías y, más adelante, siguió haciendo todo lo posible para impedir el acceso a los archivos militares relacionados con la masacre en 1981 de 1.000 salvadoreños en El Mozote. En cuatro ocasiones el ejército salvadoreño ha bloqueado la realización de inspecciones judiciales en los archivos militares con la anuencia presidencial a pesar de haber sido “desclasificados” por decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos fueron síntomas de gestos irregulares que evidenciaban un encaje extraño de la corporación militar en el orden político cotidiano.

Paralelamente, aunque con un componente diferente, en Brasil y México se ha ido consolidando poco a poco una presencia en el ámbito público de las Fuerzas Armadas con evidentes rasgos de protagonismo privilegiado en su accionar. Así, en Brasil, el presidente Bolsonaro, exmilitar a su vez, tiene como vicepresidente al general en la reserva Hamilton Mourão y siete de las carteras ministeriales, que suponen la tercera parte del gabinete, también están en manos de militares, así como su portavoz, un general en activo. Más de una veintena de áreas de la administración, incluida la petrolera estatal Petrobrás, también están encabezadas por militares. Se estima que hoy algo más de 6.100 oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas ocupan estos puestos, cifra que en 2019 se situaba sobre 2.700 personas (lo que significa un incremento en un año del 120%). De aquella cifra cerca de 2.000 son oficiales en situación de retiro que han sido asignados temporalmente al INSS para ayudar a aliviar el atraso gestado en su gestión del día a día. Por su parte, en México, el presidente López Obrador no ha dejado de impulsar el papel del ejército en la lucha contra la delincuencia en la línea de la decisión tomada por su predecesor Felipe Calderón, entonces muy criticada. Lo novedoso, sin embargo, ha sido la encomienda a las Fuerzas Armadas de la ejecución de obra civil como la realizada en el aeropuerto de Santa Lucía, una vieja base militar que será la nueva terminal aérea intentando paliar así la paralización de la ampliación del aeropuerto de la capital. Igualmente se ha apoyado en la ingeniería castrense para la elaboración de partes substantivas del megaproyecto del tren Maya y el presidente anunció la construcción por parte de los militares de un aeropuerto en Tulum (Riviera Maya).

Por último, hay que señalar que a lo largo de 2021 los tribunales han tenido una notable intervención en la arena política con decisiones que definen el terreno del juego para los próximos tiempos y que marcan el pasado reciente. Lo acontecido al respecto en Brasil, México y El Salvador es una evidencia de ello. En los dos primeros, pugnas políticas entre los poderes del Estado ensombrecen a los propios procesos electorales e incluso al órgano arbitral de los mismos en México.

En Brasil, una sentencia de su Tribunal Supremo del 15 de abril de 2021, por ocho votos a tres, confirmó el fallo en solitario que el mes anterior había anulado las condenas contra el expresidente Lula por corrupción en el caso Lava Jato. La Corte ratificó que no debió ser juzgado en Curitiba, en el juzgado que entonces ocupaba el juez Moro, por lo que las condenas allí impuestas quedaron anuladas y los expedientes serán juzgados en Brasilia. Ello no significa que el expresidente haya sido absuelto, pues la decisión es que vuelva a ser juzgado por tres casos de corrupción en los que está acusado de recibir prebendas de empresas a cambio de contratos públicos, pero mientras tanto está habilitado para los comicios de 2022, lo que supone un cambio drástico en las expectativas de la izquierda y del centroizquierda de concurrir con altas probabilidades de éxito a la cita electoral. Pero, paralelamente, no debe desdeñarse el conflicto mantenido entre la Corte Suprema y el gobierno de Bolsonaro al estallar la pandemia por la decisión de aquella a favor de la autonomía de los gobernadores y de los alcaldes para hacer frente a la COVID-19.

En México, el contencioso, cuando no desafío, de López Obrador con el Poder Judicial es notorio. El presidente pidió investigar al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro por suspender la reforma eléctrica y la ley de hidrocarburos, algo que suponía un intento de violación de la autonomía de los jueces en México en un escenario de aguda confrontación y de preocupante intromisión como también quedó de relieve por la dudosa constitucionalidad de la extensión del mandato de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, que vio cómo el Senado prorrogaba su mandato por dos años, una decisión denunciada por la oposición como inconstitucional que evidenciaba la injerencia del oficialismo en el ámbito del Poder Judicial. La Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediatamente posterior. El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de la Judicatura Federal, insistió en que ni había elaborado ni solicitado la medida. Zaldívar fue una figura de extraordinaria importancia en el complejo asunto de la reforma energética que sigue siendo uno de los proyectos estrella del presidente López Obrador.

En El Salvador, su nueva Asamblea Legislativa, que como ya se señaló más arriba es afecta al presidente Bukele, en su primer acto tras su toma de posesión el primero de mayo de 2021 destituyó a los cinco magistrados titulares y a los cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida tuvo su continuidad meses más tarde cuando el Ejecutivo anticipó inopinadamente la jubilación de decenas de jueces. Además, en junio de 2021 el gobierno de Bukele decidió dar por finalizado el acuerdo marco suscrito con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que puso en marcha la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Brasil tiene un encaje complejo en América latina. Su carácter de país-continente le hace ensimismarse y perder la perspectiva de su influencia, en el ámbito aquí referido, simbólica. Lo que acontece en Brasil termina teniendo un gran impacto en su entorno. Ese es un aspecto de carácter intelectual que no debe ignorarse.

[1] El Salvador elige al presidente por periodos de cinco años y a la Asamblea Legislativa por periodos de tres años. Las últimas elecciones presidenciales fueron en 2019 y las últimas elecciones legislativas en 2021.

[2] Se trata de intervenciones televisadas a primera hora de la mañana de los días laborables de una duración irregular, pero que en promedio supera una hora en las que el presidente hace un repaso a la actualidad política y ejerce una teórica rendición de cuentas.