Maria Milagros Socorro Campos Ramos

Los presidentes sin mayoría en congresos fragmentados suelen tener problemas de gobernabilidad. Partidos políticos débiles, de alta polarización, con actores políticos que carecen mayoritariamente de experiencia política previa, tanto en el ejecutivo como en el congreso, es el contexto en el que se inicia el gobierno de Pedro Castillo.

Profesor de escuela rural, Castillo ha destacado por su participación como líder de una huelga sindical en el 2017. A pesar de no haber ejercido ningún cargo de elección popular, fue candidato a Alcalde de un distrito de Cajamarca, sin éxito. Hasta el 2017 estuvo afiliado al partido político Perú Posible, presidido por el ex presidente Alejandro Toledo. En el mes de setiembre de 2020, se afilió a Perú Libre para ser candidato a la presidencia de la república.

El proceso electoral de 2021 ha sido atípico en múltiples aspectos. Se desarrolló en el contexto de la crisis política, sanitaria y económica. En las semanas previas a las elecciones ningún candidato llegaba al 15% de los votos. En los últimos días, cuando ya no se podía publicar encuestas de acuerdo a la ley electoral, su intención de voto subió. Castillo ganó la primera vuelta con solo el 15.38% de votos emitidos, cuando dos semanas antes de la elección no era siquiera parte del empate técnico entre seis candidatos presidenciales. Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo el 10.9 % de votos emitidos. En la segunda vuelta, Castillo gana las elecciones por 44 058 votos, en un clima de denuncias por diversas irregularidades invocando un fraude en mesa de votación. El Jurado Nacional de Elecciones y sus organismos descentralizados desestimaron todas las denuncias y recursos. Sin embargo, estos hechos han mantenido un clima de polarización, traducido en movilizaciones de un sector de la población, fundamentalmente en Lima.

El partido de gobierno

Perú Libre no es un partido nuevo, lleva años participando en elecciones. Es la primera vez que llega al congreso y gana la presidencia. Inscribió ante la autoridad electoral su ideario como plan de gobierno. Se definen como una “organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática”. Interpretan todos los “fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos de acuerdo con la teoría marxista”. Su presidente Vladimir Cerrón tiene actualmente una sentencia por delito contra la administración pública, razón por la cual fue excluido del proceso electoral, en el cual postuló como candidato a la vicepresidencia. Según la última encuesta de Ipsos, el 84% considera su presencia en el gobierno de Castillo como una mala influencia. No obstante, se ha convertido en vocero oficioso del gobierno, participando activamente en redes sociales y medios de comunicación. La misma encuesta señala que el 61% considera que es él quien toma las decisiones o comparte el poder con Castillo.

El balance de poderes

Conforme a lo establecido en las reglas electorales, el congreso quedó constituido en la primera vuelta. La representación nacional está compuesta por 130 congresistas, donde diez partidos políticos tienen representación parlamentaria. Perú Libre obtuvo 28% de escaños. La oposición de derecha cuenta con un 33%, divididos en tres grupos parlamentarios y el tercer tercio lo tienen grupos de centro. La Presidencia del Congreso fue la primera medición de fuerzas. La ganó una coalición formada por los grupos parlamentarios de derecha y centro. Sin embargo, los bloques no son cohesionados, por lo que se avizoran alianzas por temas específicos. Aunque Perú Libre tiene la primera minoría, sus alianzas en estas primeras semanas de gobierno solo le han dado 32% de votos en el congreso.

El gabinete

Guido Bellido, congresista oficialista elegido por Cusco, fue designado presidente del Consejo de Ministros. Surgieron cuestionamientos por reiteradas publicaciones con contenido homofóbico y misógino en sus redes sociales. Sin embargo, el cargo más grave está referido a una investigación fiscal por terrorismo y por lavado de activos. El ministro ha negado los hechos.

Los cuestionamientos alcanzan a más de la mitad de los miembros del gabinete, en el que solo el 10% son mujeres. La decisión de nombrar ministro de relaciones exteriores a Héctor Béjar fue rechazada por una amplia mayoría de congresistas, algunos de los cuales promovieron dos mociones de interpelación. La situación de Béjar se complicó días después, al propalarse declaraciones suyas de hace algunos meses en las que afirmaba que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”. Dos días después, Bellido pidió su renuncia. Han transcurrido 48 horas y aun no se ha designado su reemplazo.

Las propuestas

La principal propuesta del presidente Castillo en campaña, reiterada en su mensaje en el Congreso, es convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, no puede hacerlo porque carece de competencia constitucional. Como alternativa, podría proponer un proyecto de reforma constitucional, lo que no ha ocurrido hasta la  fecha. Mientras tanto, las demandas ciudadanas están mas vinculadas a la reactivación económica, la generación de empleo, mejores servicios de salud y el control de la pandemia, que en emprender una reforma total de la Constitución.

El voto de confianza

El sistema de gobierno en el Perú puede calificarse como un presidencialismo parlamentarizado. Desde el siglo XIX incorporó instituciones de los regímenes parlamentarios como la censura y la interpelación ministerial. Las constituciones del siglo XX añadieron la cuestión de confianza y la disolución del congreso. La Constitución de 1993 incluyó la cuestión de confianza a ser solicitada por el Presidente del Consejo de Ministros dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones. Para ello acude al congreso a fin de exponer la política general del gobierno y debatir las principales medidas que requiere su gestión. Si el congreso le niega la confianza al Consejo de Ministros, el Presidente de la República aceptará la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y de todo su gabinete. Si el congreso deniega la confianza o censura a dos gabinetes, el Presidente de la República queda facultado constitucionalmente a disolver el congreso y convocar a elecciones dentro de los cuatro meses siguientes.

Escenarios

El gabinete debe asistir en los próximos días al congreso para solicitar la confianza. Una posible denegatoria podría ser conveniente para el gobierno para forzar un escenario de disolución del congreso. Es posible que al no existir mayoría, algunos grupos se abstengan y otros denieguen la confianza con la finalidad de aislar al partido de gobierno y su único aliado, y que sean éstos quienes respalden al gabinete con el menor número de votos necesarios. Como consecuencia de ello, el gobierno obtendría la confianza pero quedaría aun más debilitado.

Algunos sectores señalan que podría evitarse una disolución del congreso si éste promueve la vacancia del Presidente antes, por la causal de permanente incapacidad moral. Esto ya ocurrió en el pasado con Fujimori y más recientemente con Martin Vizcarra. Este escenario, sin embargo, requiere de dos tercios de votos del número total de congresistas y una motivación que fundamente la referida causal. De proceder un eventual proceso de vacancia en estas condiciones, el Perú habría parlamentarizado aún más su sistema de gobierno, al asimilar la vacancia presidencial a una moción de censura.

La inestabilidad política que llevo al Perú a tener cuatro presidentes, dos congresos y nueve gabinetes en cinco años podría continuar. Todas estas alternativas extremas vienen siendo consideradas en el debate público, sin que exista una posición uniforme entre expertos.

Otro escenario posible es que el Presidente Castillo, a pesar de su inexperiencia política, reconozca que las elecciones no le han dado una mayoría. En ese sentido, podría buscar como alternativa una coalición más amplia en el congreso que proponga una agenda menos radical que encuentre respaldo y con ello, lograr una gobernabilidad democrática abordando los problemas derivados de la pandemia, así como políticas públicas urgentes vinculadas a servicios de salud y educación.