Valeria Palanza y Magda Cottet
Antes de marzo de 2020 y de que comenzara la expansión del coronavirus en Chile, en el país la mayor preocupación era el levantamiento iniciado en octubre de 2019 y la situación política y social que lo motivaba. La movilización había disminuido en intensidad durante los meses del verano austral, pero prometía volver con toda su fuerza en marzo. La capacidad del gobierno para hacer frente a desafíos de orden público había sido puesta a prueba con vehemencia muy recientemente, las cifras de aprobación habían alcanzado niveles por debajo del 10% en febrero (CADEM, 2020) y es indudable que el manejo que han tenido de la crisis no ha podido escapar a la mirada crítica por parte de una sociedad en la que se instaló una desconfianza generalizada hacia el presidente, su gabinete y los otros poderes del Estado.
El avance de la crisis sanitaria en Chile y la respuesta del gobierno y la sociedad a ésta no podrían comprenderse sin referencia al levantamiento social y político de fines de 2019 y la desconfianza generalizada de la sociedad chilena hacia el sistema político y sus instituciones. Una de las principales críticas a la gestión del gobierno ha sido la falta de transparencia, presente desde los inicios hasta el presente, problema que no es exclusivo de Chile, pero donde reviste especial peso debido al marcado descenso de confianza en el gobierno. Vinculado a lo mismo, la gestión de la crisis sanitaria también ha estado signada por la relativa ausencia del presidente Piñera, comparado con el protagonismo de otros primeros mandatarios de la región. Pero precisamente debido al momento político de fondo que vive Chile, que no se ha interrumpido por el paso del virus, es que la coyuntura ha marcado de facto un cambio en el locus del poder político y el marcado fortalecimiento del congreso, lo que se debe festejar en el contexto hiper-presidencialista de Chile.
El 3 de marzo se confirmó en el país la primera persona contagiada por el virus, el primer fallecimiento se produjo el 21 de marzo. Desde entonces el país pasó de una reacción inicial oportuna, a un período de paulatino aumento de contagios (al 30 de abril el país registraba 16.023 contagios verificados y 227 fallecimientos) y cuestionamientos desoídos. Siguió una fase de caída libre que colocó a Chile durante semanas como el país con mayor cantidad de muertes normalizadas por población del mundo. En agosto el país vive una lenta pero cierta recuperación que se vive con cautela.
En una región donde los ejecutivos suelen concentrar prerrogativas en la figura del presidente, Chile sobresale por los amplios poderes impartidos por la Constitución al presidente para legislar y actuar de manera unilateral (Siavelis 1997, Alemán y Navia 2009). A pesar de esta concentración de poderes constitucionales, se ha extendido la noción de que la presidencia chilena ha utilizado con moderación sus atribuciones (Siavelis 2020, 2010), lo que también ha sido disputado señalando que la aparente moderación es resultado de una institucionalidad que restringe el rango de acción del legislativo al punto que el presidente no necesita salirse de su curso para resguardar sus preferencias (Palanza y Espinoza 2017).
La pandemia generada por el virus SARS-COV2 presenta un escenario propicio tanto para analizar de qué manera distintos países han hecho frente a la crisis sanitaria internacional como para observar el modus operandi de cada gobierno. Es lógico que en momentos de urgencia sanitaria las autoridades hagan uso de cuanta herramienta tengan a su alcance para dar soluciones rápidas a los desafíos especiales que enfrenta la población. Aún así, la capacidad de cada gobierno de sostener espacios de deliberación, procesar las opiniones de expertos y hacer frente a necesidades diagnosticadas en terreno son factores que aportan eficacia a esas decisiones, por lo que se repasarán brevemente las instancias utilizadas en Chile.
Así, en esta nota resumimos la línea de sucesos durante los meses de presencia del COVID-19 en Chile y analizamos las herramientas usadas por el gobierno de Chile para tomar medidas y hacer frente al riesgo sanitario. Analizamos en qué medida el congreso y otros actores políticos y sociales han participado de la respuesta que el gobierno ha generado. La nota argumenta que la crisis sanitaria, cuyo arribo a Chile se produjo en un contexto social saturado de desconfianza y acrimonia hacia el gobierno desde octubre, ha puesto al rojo vivo las confrontaciones políticas que ya venían decantando en el país en los últimos años, y que el levantamiento de fines del 2019 aceleró. Así, en retrospectiva resulta impactante la intervención que ha tenido el congreso, constitucionalmente limitado en sus funciones y hasta ahora relativamente pasivo frente a dicha limitación. Desde el congreso se han movilizado medidas urgentes que la presidencia no atinó a impulsar, dando testimonio, con sus actos, que las asambleas colectivas sí consiguen coordinar y hacer frente a desafíos presentados en emergencias nacionales.
Primera Etapa: Optimismo Desconectado
Ante el avance de la pandemia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 18 de marzo el ejecutivo declaró el Estado de Catástrofe, uno de los cuatro estados de excepción que prevé la Constitución chilena para hacer frente a situaciones de conmoción pública. Los estados de excepción en Chile son regulados por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, (aprobada en 1985, durante el gobierno de Pinochet). En esta oportunidad, la declaración se hizo por 90 días, permitiéndose que la ley sea renovada por igual tiempo, pero con aprobación del congreso, si subsisten las condiciones que dieron lugar a la declaración. El Estado de Catástrofe entró en vigencia el 19 de marzo.
La declaración del Estado de Catástrofe es importante por diversos motivos, ya que mediante esta declaración se establece la posibilidad de restringir reuniones en espacios públicos, además de medidas tendientes a asegurar la provisión de bienes y servicios básicos, establecer cuarentenas y toques de queda, y limitar el tránsito de personas. El Estado de Excepción Constitucional abrió las puertas para pedir a las Fuerzas Armadas su colaboración y la designación de Jefes de Defensa Nacional para asumir el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en las zonas respectivas. También, y de gran importancia, la declaración habilitó al Ejecutivo a decretar pagos no autorizados por ley hasta un monto equivalente al 2% del monto de gastos autorizados en la Ley de Presupuestos (artículo 32 inciso 20 de la Constitución), lo que cobra especial urgencia en una situación de urgencia sanitaria. De inmediato se estableció, el 22 de marzo, un toque de queda nocturno, medida que reavivó temores por el uso indebido de la fuerza pública que se produjo durante los levantamientos de octubre, aún cuando esta vez cumpliera el fin de evitar la propagación y evolución de la pandemia[1]. Asimismo, la reasignación de presupuesto fue usada, por ejemplo, en la Ley 21.225 que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto del covid-19 en Chile, publicada el 2 de abril (e iniciada mediante proyecto del ejecutivo el 20 de marzo de 2020).
Desde el principio y hasta la fecha, la principal estrategia de Chile para hacer frente al contagio y expansión de la enfermedad en el país ha estado definida por una política de cuarentenas móviles, a través de la evaluación semanal de contagios y fallecimientos por comuna. Así, una semana después de haberse declarado el Estado de Catástrofe, el 25 de marzo, el Ministerio de Salud anunció que siete comunas de la Región Metropolitana de Santiago serían puestas en cuarentena. En un contexto como el señalado, en que la desconfianza atraviesa a la sociedad chilena, esta política enfocada en comunas pareció acentuar diferencias socioeconómicas preexistentes, y marcó un inicio turbulento para la implementación de la política.
De inmediato, el Congreso aprobó una enmienda a la constitución para permitir que el legislativo funcionara de manera remota. La enmienda introdujo la disposición transitoria 32ª que habilita al congreso a funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional que les impida sesionar, y mientras este impedimento subsista. El procedimiento telemático debe asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal e indelegable, y permite “… sesionar, votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas.” Mediante el acuerdo de los comités que representen a dos tercios de los integrantes de cada cámara se pasó a funcionar de manera remota. De manera que las medidas propuestas por el gobierno han sido encaminadas al congreso para su aprobación mediante los canales legislativos regulares.
El paquete de medidas desarrollado por el gobierno no ha estado exento de controversia, en alguna medida por deficiencias y desaciertos comunicacionales propios de esta administración presidencial. La modalidad en que la cuarentena ha sido aplicada en Chile fue denominada por el entonces Ministro de Salud Jaime Mañalich como “estratégica y dinámica”, a diferencia de cuarentenas totales o “verticales” usadas en otros países. Desde que las primeras siete comunas fueron puestas en cuarentena a fines de marzo, diversas comunas han ingresado y salido de la cuarentena, algunas ingresando solo cierta porción de la comuna y otras reingresando después de un período de levantamiento de esta. Las cuarentenas fueron acompañadas por aduanas sanitarias desde las cuales se realizan controles de salud y de cumplimiento de la cuarentena.
En el inicio, aún cuando el Ministerio de Salud había señalado los factores tomados en cuenta a la hora de decidir el ingreso o egreso de una comuna a la cuarentena, fue duramente criticada la falta de transparencia en la comunicación del criterio usado, dado que no había sido explicitada la manera en que los factores tomados en cuenta incidían, ni cuáles eran las fuentes de los indicadores usados para el cálculo sobre el que se basa la decisión. Bajo el liderazgo del Ministro Mañalich, el Ministerio de Salud se demoró en poner el criterio por escrito, y en distintas oportunidades comunicó a la población cosas diversas e información difusa (La Tercera, 1-abr-20; La Segunda, 13-ago-20). En un primer momento, el Ministerio de Salud explicó que el criterio para decidir qué comunas entran a la cuarentena estaba dado por la tasa de contagio (aquellas que tuvieran 40 casos por 100 mil habitantes). Pronto se hizo evidente la existencia de comunas que cumplían ese criterio sin estar en cuarentena (Litoralpress, 10-abri-20). El 2 de abril la vocera de gobierno Karla Rubilar instaló mayores dudas cuando explicó que “no hay un solo criterio, es importante transmitir que es muy relevante saber cuánto es la cantidad de contagio por cantidad de habitantes en cada comuna, pero también tenemos que mirar la cantidad de contagios por kilómetro cuadrado de esa comuna” y a eso agregó un listado de variables: dónde están ubicados los contagios, su nivel de concentración al interior de una comuna, nivel de vulnerabilidad de la población, si hay adultos mayores o población migrante, o población flotante, variables geográficas como la accesibilidad de la localidad, y la capacidad de respuesta del sistema de salud en la localidad.
El cuestionamiento respondía a distintas líneas y no es independiente de la fuerte desconfianza instalada en una sociedad que muy recientemente se movilizó al punto de paralizar al país. Que entre las primeras siete comunas puestas en cuarentena (Independencia, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura) se encontraran las comunas más ricas del país, que coincidían con las de residencia de buena parte de la élite económica y política del país, avivó desconfianzas fruto del contexto político y social antes que de motivos técnicos asentados. A medida que avanzó el contagio en el país el ingreso y egreso de comunas a cuarentena fue diversificándose y disipando las dudas iniciales.
Aún así, los desaciertos del gobierno en los primeros tres meses permitían predecir lo que seguiría: el gobierno no declaró la cuarentena en la región completa de Santiago, el mayor centro urbano del país sino hasta el 15 de mayo, tras registrarse 2660 nuevos contagios (aumento del 60% de casos en un solo día) y tras llevar el país 10 días de alza sostenida de casos críticos (BBC, 14/Jun/20). Antes de eso, a fines de abril, el Ministerio había comenzado a gestar un retorno a una “nueva normalidad”, en señal de desconocimiento de la realidad de avance del virus en comunas con niveles importantes de hacinamiento, lo que debió ser una preocupación del gobierno desde temprano.
Los principales actores detrás de las duras críticas al accionar del gobierno han sido principalmente alcaldes y alcaldesas de todo el espectro político, incluido el del gobierno, y fuertemente el Colegio Médico. Desde temprano estos actores plantearon su disconformidad con el hermetismo con el que el gobierno tomaba decisiones para hacer frente a la pandemia. Para hacer frente a críticas provenientes de diversos sectores y con el objetivo expreso de incorporar opiniones de diversos actores a la toma de decisiones, el 22 de marzo el gobierno convocó a una Mesa Social, en la que además de contar con la presencia del Ejecutivo, se dio participación a asociaciones de municipalidades (Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipios de Chile y Asociación de Municipios Rurales), a los rectores de algunas universidades importantes (Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Santiago de Chile), al Colegio Médico (representado por su presidenta, Izkia Siches), ex ministros de salud y a representantes de la Organización Mundial de la Salud en Chile. No obstante, el ejecutivo también se ocupó de recalcar el carácter consultivo de la mesa, resguardando la posibilidad de aceptar o no las recomendaciones, por lo que se ha mantenido una fuerte confrontación entre ediles, médicos-as y el presidente, al menos hasta el cambio de Gabinete que reemplazó al Ministro de Salud Mañalich por el actual Ministro Enrique Paris, cuya designación incluyó un guiño hacia sectores críticos, fundamentalmente el Colegio Médico, organismo que el nuevo ministro presidió por dos períodos entre 2011-2017.
Segunda Etapa: Caída Libre y Recambio
El cambio de gabinete que trajo al Ministro de Salud Paris al mando llegó en medio del peor momento vivido hasta ahora en términos de contagio y fallecimientos. El gráfico 1 muestra la evolución de nuevos casos por millón de personas, y el desarrollo excepcional de Chile en esta evolución. Durante los primeros 40 días de presencia del coronavirus en el país se podría decir que el aumento de contagios avanzó de manera relativamente moderada. Quizás allí estén las raíces del optimismo inicial, que cantó victoria de modo apresurado y promovió el retoro a la nueva normalidad. Entre los 45 y los 60 días de evolución del virus en el país se puede observar el despegue exponencial de los contagios. Esta tendencia creciente se mantuvo durante aproximadamente 30 días, con un lamentable saldo de muertes, y una aparente incapacidad del gobierno de hacer frente tanto a la crisis sanitaria en sí misma, como a la crisis económica desencadenada por la sanitaria. El gobierno no supo medir las consecuencias de la cuarentena en las posibilidades de las familias de hacer frente a sus necesidades básicas, y la imperiosa necesidad de quebrar la cuarentena como consecuencia. A esto se han referido oposición política y medios de comunicación como la desconexión del gobierno con la realidad de las personas de ingresos medios y bajos.
El plan ideado por el gobierno para hacer llegar alimentos a las familias por medio de cajas con alimentos empaquetadas y distribuidas de manera centralizada por la presidencia, constaba de tales fallas logísticas que el propio gobierno anunció que demoraría dos meses en completar la entrega a todos los hogares. Así, la crisis por la paralización de actividades desencadenó necesidades económicas y de subsistencia básica que inevitablemente retroalimentaron la crisis sanitaria, junto al cada vez mayor desgaste de un gobierno ya anémico.
Gráfico 1. Casos nuevos de COVID-19 confirmados por día,normalizados por población
Fuente: Gráfico producido por 91-divoc.com[2], datos de Johns Hopkins University CSSE al 16-08-2020.
Quién ha legislado, qué se ha decidido
Además de lo descrito hasta aquí, nos interesa analizar en esta nota en qué medida el ejecutivo ha hecho uso de la crisis sanitaria para concentrar poder legislativo. Ya mencionamos que para hacer frente a las restricciones de reunión y movilidad, el congreso reaccionó de manera oportuna y mediante iniciativa presentada en el Senado, enmendó la Constitución para hacer posible su funcionamiento por medios telemáticos, permitiendo que ambas cámaras comenzaran a sesionar de inmediato. Dado que a partir del 15 de marzo tomó pública prioridad para el gobierno la cuestión del coronavirus, a continuación analizamos la legislación que se aprobó desde esa fecha y hasta el 14 de agosto.
En medio de la quietud y desaciertos del ejecutivo, se produjo lo inesperado en el Chile post-Pinochet: la activación del Congreso como órgano legislador y la superación de trabas políticas y constitucionales que habían mantenido al congreso al margen de iniciativas de peso. Tras una actitud inicial más pasiva, a medida que avanzó la crisis sanitaria en varias oportunidades el congreso pudo forzar la mano legislativa del ejecutivo al impulsar leyes que el sistema no le permitía avanzar debido al impedimento que tiene el congreso para disponer gasto, por ejemplo. En esta coyuntura el congreso se animó a legislar lo que el ejecutivo no, y a alentar medidas que simplemente no tenían el apoyo del presidente, pero que en el contexto social y político reinante hubiera sido muy costoso pelear para un presidente debilitado como Piñera. El ejemplo por antonomasia que ilustra lo anterior es el proyecto convertido en ley por el cual se permitió el retiro voluntario del 10% de los fondos de pensiones privados. El proyecto implicó un desafío abierto al ejecutivo y sectores de la coalición de gobierno prestaron su apoyo a un proyecto de oposición por naturaleza, permitiendo su aprobación a prueba de vetos, y marcando un quiebre difícil de superar para la ya resquebrajada coalición de derecha.
Son treinta y seis las leyes publicadas en el período, diecisiete de iniciativa congresional y diecinueve de iniciativa del ejecutivo, todas de relevancia para la coyuntura planteada por la pandemia. De los proyectos iniciados por el ejecutivo, la mayoría fueron iniciados en el período en cuestión y aprobados con la colaboración del congreso con toda celeridad. Las excepciones, en términos de proyectos que venían desde antes y cuya aprobación fue impulsada, estuvieron dadas (a) por el proyecto que modificó el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, que databa de 2018 y debió ser aprobado con urgencia dada la relevancia que impuso la crisis a esta modalidad de trabajo, y (b) el proyecto de portabilidad financiera. Entre los proyectos iniciados por legisladores, destaca uno que venía de antes de la pandemia: el proyecto de ley de enmienda a la constitución para garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente –proyecto que es heredero de las negociaciones surgidas a partir de la crisis social y política generada por el estallido de octubre de 2019. A este proyecto se suman otros íntimamente ligados al momento de efervescencia política y definición constitucional, como ser la calendarización de eventos ligados al plebiscito, la rebaja salarial de legisladores y otros cargos altos, y las limitaciones impuestas a la reelección de determinados cargos.
Aún así, la mayor parte de los proyectos fueron iniciados a partir de marzo de 2020 a raíz de la crisis, para hacer frente a los desafíos asociados a aspectos sanitarios y económicos. De modo interesante, y dado el impedimento constitucional que tiene el Poder Legislativo en Chile para generar gasto, los proyectos iniciados por legisladores versan mayormente en los primeros meses de la crisis sanitaria sobre temas de derechos políticos (paridad de género en el órgano constituyente y calendario electoral) y sobre asuntos de impacto cierto pero marginal en la población, como la propuesta de posponer el vencimiento de validez de los permisos de circulación de automóviles que ser renuevan en marzo todos los años –dado que el cumplimiento de la renovación se vio complicado por la logística propia del distanciamiento social. El cambio en esta tendencia marca, a nuestro modo de ver, el fin de una era política en Chile, marcada por el resguardo del consenso necesario para sostener un modelo heredado de Pinochet.
Los proyectos iniciados por el Ejecutivo versan sobre asuntos centrales a la estrategia del gobierno para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia, y como es de esperar, menos en cuidar del proceso de plebiscito que surgió precisamente como acuerdo entre partidos ante protestas contra la gestión de Piñera. Tanto el proyecto iniciado meses atrás para legislar el trabajo a distancia, como los proyectos de apoyo económico a familias, a trabajadores de bajos ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y las medidas tendientes a disminuir la población carcelaria en el tramo etario más alto, fueron propuestas del ejecutivo, tramitadas haciendo uso de la atribución de la urgencia legislativa (que la presidencia puede imponer a cualquier proyecto de ley).
Así, vemos que aún con estado de catástrofe declarado y en medio de la mayor crisis sanitaria, agravada por el trasfondo de fuerte confrontación política y social, la presidencia se ha mantenido a raya de gobernar por decreto, fiel a sus prácticas habituales. De modo interesante, el gobierno chileno ha resguardado las prerrogativas del congreso, aún fortaleciéndolas.
Legados Institucionales de la Crisis
Para dar cierre a este informe, quisiéramos destacar que si bien toda emergencia de salud pública requiere de la toma de decisiones rápidas, el caso de Chile ilustra que el congreso puede aportar al proceso y es capaz de deliberar y acordar medidas con la urgencia que las circunstancias requieren. Esta nota enfatiza que el coronavirus se hizo presente en Chile en medio de una crisis política profunda que impuso una agenda de reforma a las políticas sociales y a la constitución misma. El ánimo en las calles se encontraba enardecido por las consecuencias de décadas de políticas que sacaron a Chile de la pobreza pero dejaron un saldo de desigualdad que ha movilizado a la ciudadanía. Los levantamientos de octubre también dejaron al descubierto la inoperancia de las fuerzas policiales para garantizar la seguridad a la ciudadanía. El contexto de crisis económica que provoca la pandemia ejerce presión en el mismo ámbito que a fines de 2019 parecía no admitir más presiones, por lo que el desafío para el gobierno se ha visto multiplicado. A la preocupación por la situación sanitaria se suma la preocupación por el orden público y que el delicado equilibrio delineado pudiera romperse. Si bien las principales críticas al gobierno han sido formuladas por alcaldes y alcaldesas preocupados-as por la situación en sus comunas, el gobierno ha dirigido sus propios misiles a su oposición en el congreso y ha hecho uso de todas sus facultades legislativas para aportar, frenar o dirigir el debate, principalmente a nivel presupuestario, donde tempranamente se utilizó la facultad de hacer uso de un 2% presupuestario de manera unilateral y sin aprobación de otros órganos.
Es interesante observar que en este período las leyes aprobadas fueron iniciadas en partes iguales por el ejecutivo y el legislativo, lo que marca un cambio en la tendencia de predominio presidencial en la aprobación de leyes, sostenida desde los 90. Desde la reinstauración de la democracia en Chile, sólo un porcentaje menor de las leyes aprobadas, como máximo un tercio, solía ser iniciada por el congreso (Visconti, 2011). De la mano de los cambios que se vienen dando en el sistema político chileno, algunos de ellos plasmados en la reforma electoral de 2014, otros ocasionados por el ingreso de fuerzas nuevas al congreso como consecuencia de esa reforma, el congreso ha ido afirmando sus derechos políticos. El rol que desde el congreso han ocupado varios actores políticos a partir del levantamiento y durante la crisis sanitaria dan testimonio de este reajuste en el locus del poder.
Fuentes: www.bcn.cl/leychile/ y www.senado.cl
[1] A un mes de declarado el toque de queda, más de diez mil personas lo habrían infringido. Durante los primeros tres días tras su instauración se produjo la menor cantidad de infracciones, entre 212 y 248 casos. Posteriormente la cifra creció, llegando a superar en 5 oportunidades las 500 personas sólo durante el primer mes (El Mostrador, 17 de abril de 2020). Aún así, son pocos los casos de comportamiento inapropiado informados por los medios, aunque sí algunos han sido reportados (El Desconcierto, 19 de abril de 2020).
[2] Link directo con las opciones graficadas: https:–91-divoc.com-pages-covid-visualization-?chart=countries-normalized&highlight=Chile&show=25&y=both&scale=linear&data=cases-daily-7&data-source=jhu&xaxis=left#countries-normalized
Referencias
Ley Chile.
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29824
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143580&idParte=0
Litoralpress. 10-04-20. https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto?LPKey=WUwy5lvcY0Nckibx%C3%9C5ZMOSZqV6S9i37HbljU/lmX9dM%C3%96
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
https:–www.minsal.cl-ministro-de-salud-anuncio-cuarentena-total-para-siete-comunas-de-la-rm-
https:–www.minsal.cl-nuevo-coronavirus-2019-ncov-
EMOL. 8-may-20. https:–www.emol.com-noticias-Nacional-2020-05-08-985540-Minsal-cuatro-criterios-cuarentena.html
La Tercera. 1-abr-20. https://www.latercera.com/nacional/noticia/que-parametros-toma-en-cuenta-la-autoridad-para-decretar-una-cuarentena/GH56PTEVYFDEROJMZXBRET6Y3A/
BBC. 14-jun-20. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53037469
Visconti, Giancarlo. 2011. “Comportamiento Diacrónico del Congreso en Chile: ¿Crecimiento o estancamiento de su influencia?”, Revista de Ciencia Política, 31(1), 91-115. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2011000100005
CADEM, 2020. Encuesta Plaza Pública No. 319, tercera semana de febrero https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2020/02/Track-PP-319-Febrero-S3-VF_Baja.pdf
El Mostrador. 17-abr-20. https:–www.elmostrador.cl-noticias-pais-2020-04-17-a-un-mes-del-inicio-del-toque-de-queda-nacional-carabineros-realiza-balance-mas-de-10-mil-personas-infringieron-la-medida-
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