Mélany Barragán
Al igual que el resto del planeta, Honduras se ha enfrentado al desafío de combatir la pandemia del coronavirus. Con una población aproximada de nueve millones y medio de habitantes, las autoridades gubernamentales del país centroamericano han reportado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a Organización Mundial de la Salud (OMS) 3950 casos diagnosticados, 468 recuperados y 180 fallecidos[1]. El principal foco de contagio ha sido San Pedro de Sula, principal ciudad industrial del país, seguido de Tegucigalpa, la capital.
Los primeros casos se confirmaron el 11 de marzo. El gobierno hondureño informó en un comunicado de dos contagios: el de una mujer embarazada de 42 años que llegó a Tegucigalpa en un vuelo procedente de España, y el de otra mujer de 37 años procedente de Suiza. Un día después, el 12 de marzo, el gobierno decidió decretar la emergencia sanitaria en todo el país y ordenó a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) mantener activo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). A partir de ese momento, se adoptaron diferentes medidas que combinaron acciones sanitarias, operativos policiales y militares, toques de queda y políticas de carácter económico y social para tratar de paliar los efectos de la pandemia.
No obstante, antes de abordar todas estas medidas y su impacto, es necesario conocer el contexto previo a la pandemia. Esto es, la condiciones en las que Honduras se encontraba antes del inicio de la crisis sanitaria, con el propósito de contar con elementos de juicio para evaluar la capacidad de reacción del país centroamericano y entender el comportamiento de actores e instituciones.
La situación del Ejecutivo antes de la irrupción de la Covid-19
El mandatario que ha debido de hacer frente a la gestión del coronavirus en Honduras ha sido Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. Elegido presidente constitucional de la República de Honduras en las elecciones del 24 de noviembre de 2013, con un 36,89 % de los votos y una participación record del 61% de los electores[2], fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones generales que se celebraron el 26 de noviembre de 2917. Su permanencia en el cargo, no obstante, no fue ajena a la polémica ya que para poder presentarse de nuevo a la presidencia, la Corte Suprema emitió un fallo de inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución, el cual prohibía la reelección.
Esta decisión puso en duda la credibilidad de las instituciones del Estado, generando una ola de protestas que se acentuó aún más tras la celebración de las elecciones de 2017, las cuales fueron cuestionadas en términos de transparencia y justicia por observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA)[3]. La oposición decidió no reconocer los resultados y considerar ganador a Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción. No obstante, Hernández fue declarado ganador oficial el 17 de diciembre con el 42,95% de los votos[4].
Respecto al Congreso, el partido del presidente cuenta con 61 representantes de los 128 que componen la Cámara Legislativa. A la vez, recibe el apoyo de siete diputados de otras formaciones y la oposición la componen 60 legisladores provenientes del Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU). Esta mayoría ha permitido reforzar la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, debilitando la institucionalidad del sistema. Sectores de la oposición han denunciado de manera reiterada la imposibilidad de modificar los decretos que el Gobierno envía al Congreso, dando solo la opción de aprobar o improbar.
Por lo que se refiere al poder judicial, el fallo de la Corte Suprema a favor de la reelección del presidente puso en duda su independencia. Las fuerzas de la oposición señalaron en ese momento un abuso de poder y una manipulación del poder judicial. Esta denuncia no hizo más que confirmar la ya de por sí delicada situación de la judicatura. Las presiones de grupos de poder político, del económico y del crimen organizado limitan la independencia judicial y el Estado de Derecho. Pese a que la Constitución garantiza la separación de poderes, en la práctica existen injerencias que dificultan la imparcialidad de las instancias judiciales. Tanto es así que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de jueces y abogados ha instado a las autoridades hondureñas a adoptar medidas para combatir la corrupción y garantizar la independencia judicial[5].
En su presidencia, Orlando ha estructurado su gobierno en siete gabinetes sectoriales en los que se integran la mayoría de las instituciones del Estado y ha realizado una profunda reorganización de las secretarías, reduciendo su número de treinta y ocho a trece. Entre sus principales políticas, ha logrado reducir el índice de muertes violentas y mejorar la posición de Honduras en el Índice de Paz Global[6]. Asimismo, ha realizado diferentes operaciones contra el narcotráfico y el lavado de activos. En términos económicos, sus principales logros han sido la reducción del déficit fiscal y del riesgo crediticio[7]. Por último, el programa emblema de su gobierno ha sido el plan “Vida Mejor”, destinado a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.
No obstante, su gestión no ha estado exenta de controversias. Entre otras, escándalos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social durante su primer gobierno, las denuncias de Amnistía Internacional a la pasividad del Estado frente al asesinato de activistas medioambientales o la investigación de la fiscalía estadounidense a posibles conexione del presidente con el narcotráfico y lavado de dinero. A eso hay que unir las debilidades estructurales del país, tales como la alta informalidad laboral, las altas tasas de pobreza y desigualdad o las limitadas redes de protección social.
La existencia de nuevos y viejos problemas ha contribuido a empeorar la opinión de los ciudadanos hacia la gestión del presidente. Así, mientras que en 2015 la encuesta de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup) le otorgó una aprobación del 54%, en los años posteriores la evaluación del presidente descendió y se ha mantenido en cifras negativas desde el inicio de su segundo mandato[8]. De este modo, Honduras llegó a la crisis sanitaria con un presidente en bajas horas en términos de popularidad, con una fuerte conflictividad social y con un sistema sanitario muy debilitado, con serias dificultades para afrontar una pandemia.
Las medidas de gestión de crisis
Con este escenario de partida, el Gobierno de Juan Orlando Hernández actuó siguiendo un timing similar al del resto de países centroamericanos. Siendo conscientes de sus debilidades estructurales y la alta incertidumbre asociada a la pandemia, los dirigentes centroamericanos – a excepción de Ortega en Nicaragua – pronto se adhirieron a las recomendaciones de los expertos sanitarios y promovieron el distanciamiento social, las cuarentanas obligatorias o toques de queda para limitar la movilidad de los ciudadanos y evitar así, en la medida de lo posible, el contagio.
Como ya se ha citado, la primera medida del Gobierno hondureño fue la declaración de alarma sanitaria el 12 de marzo. Asimismo, se prohibió la celebración de eventos multitudinarios por inicialmente catorce días, se cancelaron las clases presenciales en los centros educativos y se restringió el acceso al país a extranjeros provenientes de Europa, China, Irán y Corea del Sur. La emergencia fue decretada en sesión de Consejo de Ministros dentro del plan gubernamental de contención del Covid-19. Una de las primeras medidas fue la orden a la COPECO de mantener activo en SINAGER y la dotación de 110 millones de lempiras (4,4 millones de dólares) para el suministro de insumos sanitarios, materiales y equipos de protección para responder a la emergencia. Por último, también se ordenó a la Cancillería y a la Secretaría de Salud gestionar con las agencias de cooperación y otros gobiernos la donación de recursos para hacer frente a la pandemia.
El 16 de marzo se declaró el toque de queda absoluto en el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), La Ceiba y Choluteca, las únicas ciudades con casos confirmados en ese momento. Cuatro días después esta medida se extendió a todo el país hasta el 29 de marzo, exceptuando de las restricciones de movimiento únicamente a los trabajadores del sector de telecomunicaciones, agrícola, agroindustrial, agroexportador, de entrega de víveres y medicamentos a domicilio y distribuidores de alimentos, así como a mercados. Para garantizar la efectividad del toque de queda, el gobierno desplegó operativos militares y policiales por todo el territorio hondureño. Tras el 29 de marzo se fue extendiendo el período de toque de queda, pero introduciendo gradualmente nuevas libertades de movimiento a partir de un sistema de dígito. Esto es, la movilidad de la población se reguló en función del último dígito de su documento de identidad. Junto a esto, se cerraron fronteras aéreas, marítimas y terrestres siguiendo la estela marcada por la comunidad internacional en este sentido.
Desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, el país debía de generar una estrategia que limitara al máximo el número de internamientos debido a las debilidades estructurales en materia sanitaria. Junto con el abastecimiento de mascarillas y demás material saniario, la técnica empleada ha consistido en la utilización de medicamentos como la colchicina, antiimflamatorios, tocilizumab, ivermectina, anticoagulantes e hidroxiclorina, junto con la administración de oxígeno y el uso de la pronación. El método, diseñado por el médico hondureño Miguel Sierra-Hoffman, ha conseguido reducir la mortalidad y la estancia media en los hospitales. Cuestión especialmente relevante en un país con un sistema sanitario muy débil que no puede asumir una gran cantidad de enfermos en cuidados intensivos y que, junto con el covid19 debe a hacer frente a otra amenaza: el dengue.
Por último, en el ámbito económico, el gobierno anunció a finales de marzo medidas para beneficiar las condiciones de los contribuyentes, sobre todo a través de la extensión de plazos y alivio de obligaciones. Especialmente relevante fue su decisión de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes), la cual genera más del 70% de empleos en el país. Para ello, convocó al Parlamento para discutir la aprobación de medidas para prorrogar el pago de impuestos y obligaciones hasta el 30 de junio a cambio de que las MiPymes paguen el salario a sus trabajadores. En la discusión y adopción de estas medidas se convocó al diálogo entre el Gobierno, el sector empresarial y a los representantes de los trabajadores. Por su parte, el Banco Central también anunció medidas encaminadas a flexibilizar las condiciones financieras para atender las demandas de los agentes económicos y generar liquidez.
En medio de este proceso de toma de decisiones, el presidente Juan Orlando Hernández ha tenido que enfrentarse a nuevas acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico y a la tensión generada por algunos partidos políticos al colocar el tema de las elecciones internas en la agenda nacional. Todo ello evidencia que, incluso en tiempos de pandemia, las tensiones políticas y la sombra del narcotráfico siguen estando muy presentes.
Los efectos sociales, económicos y políticos de la pandemia
Honduras es un país especialmente vulnerable a los efectos de la pandemia. La crisis económica mundial derivada del covid-19 va a generar importantes choques de oferta por la caída de la producción y empleo, así como de demanda por la reducción del gasto de hogares y empresas. La caída de la demanda interna por las pérdidas de empleo y la caída de la inversión por la paralización de la actividad productiva han supuesto un duro golpe para la economía.
Pero en Honduras, a esto se le debe de unir el problema del trabajo informal así como la pobreza y desigualdad estructurales. Así, la seguridad alimentaria se ha convertido en un problema para el país ya que los trabajadores informales no están recibiendo ingresos y están altamente expuestos a ser víctimas d hambruna. Todo ello sin hablar de la fuerte dependencia hacia Estados Unidos. Sin duda, la capacidad de recuperación de los hondureños estará muy condicionada por la evolución económica del país norteamericano.
A su vez, la crisis económica pone en tensión los resortes de sus entramados políticos e institucionales. Incluso en tiempos de pandemia no han cesado las denuncias de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, reivindicando el establecimiento de una verdadera democracia en Honduras y reivindicando la necesidad de realizar un juicio político al presidente. Estas organizaciones han solicitado a la comunidad internacional que revise las actuaciones de Hernández para que no contravengan los principios democráticos, de derechos humanos y de bienestar social, político y económico.
Todas estas circunstancias auguran un panorama complicado para el país centroamericano, donde la recuperación se jugará en varios tableros: el de la economía formal e informal, en el de la pobreza, desigualdad y ausencia de un verdadero estado de bienestar y en el de la esfera político-institucional, con un presidente con cada vez menor aprobación popular y manchado por la sombra del narcotráfico.
[1] https://covid19honduras.org/. Última consulta: 25 de mayo de 2020.
[2] http://www.cne.hn/resultados_electorales/resultados_electorales.html
[3]https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17
[4] http://www.cne.hn/resultados_electorales/resultados_electorales.html
[5] https://news.un.org/es/story/2019/08/1461041
[6] http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
